Quienes hemos participado en el proceso de concebir, preparar y realizar este Informe Alternativo, estamos animadas y animados por el propósito de dejar constancia de nuestra preocupación por el creciente deterioro que están sufriendo los derechos humanos de las mujeres venezolanas y la ruptura del diálogo y la cooperación que, por más de 15 años, se estableció sólidamente entre las instancias gubernamentales a cargo de la atención a las políticas públicas dirigidas a las mujeres y las organizaciones de mujeres de la sociedad civil.
Aspiramos que, por la elevada vía que representa el Comité de Expertas que tienen a su cargo el seguimiento de la aplicación de la Convención CEDAW en nuestros países, los organismos públicos venezolanos responsables de tales políticas, se decidan a aplicar el articulado de la Convención, detener el deterioro señalado y tomar en cuenta nuestras opiniones, criterios e inquietudes, en beneficio de todas las mujeres y niñas venezolanas.
Responsables de la elaboración del presente Informe Alternativo o Informe Sombra:
La elaboración del presente Informe fue coordinada por la ONG "Foro por la Equidad de Género". En la búsqueda, presentación, preparación y redacción de la información, además del Foro por la Equidad de Géneros participaron las siguientes organizaciones y personas:
La elaboración del presente Informe fue coordinada por la ONG "Foro por la Equidad de Género". En la búsqueda, presentación, preparación y redacción de la información, además del Foro por la Equidad de Géneros participaron las siguientes organizaciones y personas:
• Centro de investigación social, formación y estudios de la Mujer. CISFEM.
• Federación Venezolana de Abogadas. FEVA
• Asociación Venezolana por una Educación Sexual Alternativa. AVESA.
• Asociación Venezolana de Planificación Familiar. PLAFAM.
• FUNDAMUJER.
• Círculos Femeninos Populares
• Frente Nacional de Mujeres.
• Centro de investigación social, formación y estudios de la Mujer del Estado Trujillo. CISFEM Trujillo.
• Asociación Hogares sin violencia. Estado Anzoátegui
• Centro de Atención Integral de la Mujer de Carúpano. CENAIM Carúpano
• Red de Población y Desarrollo
• Asociación de Mujeres por el Bienestar y Asistencia Recíproca. AMBAR
• Asociación de Defensa de la Mujer Reclusa.
• Asociación Civil Desarrollo, Igualdad y Paz.
• Asociación Género, Democracia y Derechos Humanos. GENDHU
• Asociación PRODESOL
• Adicea Castillo del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela
• Gladys Parentelli de la Red Universitaria de Estudios de la Mujer.
Cooperación recibida
La elaboración del presente Informe ha sido posible gracias a la cooperación prestada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA y por el Banco Mundial, quienes además de proporcionar instalaciones para la realización de dos reuniones de las organizaciones participantes, financiaron los gastos de elaboración, impresión y distribución del Informe.
Proceso de preparación del Informe Alternativo o Informe Sombra.
1. La preparación del presente Informe Sombra fue un trabajo colectivo de las organizaciones y personas mencionadas. Con este propósito el 15 de julio de 2004 se realizó un primer seminario con todas ellas, donde se dieron a conocer los objetivos del trabajo, se fijaron los contenidos del informe y se distribuyeron las tareas entre diversos grupos, quienes analizaron las áreas correspondientes al articulado de la Convención, para la posterior recolección de la información y preparación de los textos que tendrían que ser incluidos. Los textos e informaciones preparadas fueron integrados en un único informe, el cual se sometió a la revisión y ajuste de los grupos de trabajo en un segundo seminario, celebrado el 27 de enero de 2005. Los resultados obtenidos en esta segunda reunión permitieron ajustar el texto final contenido en este documento, remitido al Comité de Expertas a cargo del seguimiento de la aplicación de la Convención CEDAW.
2. Es de hacer notar que, a través del Instituto Nacional de la Mujer, INAMUJER, se solicitó al Gobierno venezolano copia de los informes periódicos 4º, 5º y 6º presentados a CEDAW. INAMUJER no facilitó las copias solicitadas de los señalados informes, contra lo que ha sido la reiterada recomendación del Comité CEDAW respecto a la necesidad de que los informes se traten como documento público al cual pueden tener acceso todas las personas. (Solicitud dirigida a la Sra. María León, Presidenta del INAMUJER, por el Centro de Investigación Social, Formación y Estudios de la Mujer, CISFEM el día 30 de agosto de 2004).
3. Para la preparación del Informe Sombra se han empleado como referencias no sólo los contenidos del articulado de la propia Convención CEDAW, sino también las Recomendaciones Generales del Comité y sus Observaciones finales al informe de Venezuela examinado el 12/08/97 y que aparecen en el documento: A/52/38/Rev.1,paras.207-247. (Concluding Observations/Comments).
I PRESENTACION
A. Venezuela y la Convención CEDAW
4. Venezuela firmó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujeres, CEDAW, el 17 de julio de 1980 y la ratificó el 2 de mayo de 1983.
5. Desde 1984, fecha en la cual se presentó el Informe Inicial al Comité de Seguimiento de la aplicación de la Convención CEDAW, los gobiernos venezolanos han rendido otros cinco Informes Periódicos. Del total de los seis informes presentados, el Comité de Seguimiento ha examinado tres. El tercer informe presentado fue el último en ser examinado en 1997.
6. Hace pocos meses el actual gobierno venezolano consignó los informes periódicos 4º, 5º y 6º. La presentación llena un vacío de ocho años de atraso en relación con el 4º informe y de cuatro años respecto al 5º. Las fechas en las cuales los informes periódicos pendientes debieron ser presentados y lo fueron efectivamente son:
• El 4º Informe Periódico, debió ser presentado el 1º de junio de 1996 y se presentó el 25 de junio de 2004. (CEDAW/C/VEN/4-6)
• El 5º Informe Periódico debió ser presentado 1º de junio de 2000 y se presentó el 25 de junio de 2004. (CEDAW/C/VEN/4-6)
• El 6º Informe Periódico debió ser presentado 1° de junio de 2004 y se presentó el 25 de junio de 2004. (CEDAW/C/VEN/4-6)
7. Es criterio de quienes hemos preparado este Informe Sombra que se mantienen y en algunos casos se han agravado los motivos de preocupación expresados por el Comité en 1997, durante la discusión del último Informe Periódico de Venezuela, y que sus justas y razonables recomendaciones al gobierno venezolano no han sido tomadas en cuenta, como podrá deducirse de los contenidos de este Informe Alternativo.
8. Aun cuando el Comité no ha establecido las fechas en las cuales estos últimos informes presentados serán examinados, un grupo significativo de organizaciones y personalidades comprometidas con los derechos de las mujeres venezolanas hemos decidido preparar el presente Informe Sombra para brindar al Comité de Seguimiento de la Aplicación de la CEDAW una visión alternativa a la que presenta el gobierno venezolano en sus informes oficiales.
B. Características generales del contexto correspondiente a los informes 4º, 5º y 6º.
9. Los informes periódicos 4º, 5º y 6º que presentó el gobierno venezolano, corresponden a una época de extrema turbulencia política en Venezuela y de graves crisis económicas y sociales, que en estos momentos colocan al país en un proceso de transición, conducido por el gobierno y los demás poderes públicos bajo su control, hacia un régimen marcadamente autoritario, con evidentes tendencias sectarias y excluyentes, militarista y de orientación ideológica contradictoria: políticamente neo-populista, económicamente neoliberal y marcadamente sexista.
10. La mayor parte de la historia venezolana durante los siglos XIX y XX presentó largos y mayoritarios períodos de inestabilidad política y de dictaduras de origen militar, con episodios de turbulencia revolucionaria. En 1958 finalizó la última dictadura militar a consecuencia de un levantamiento popular asociado a una reacción de grupos militares disidentes. A partir de ese momento se produjo el retiro de los militares de la participación directa en la política nacional y, hasta hace menos de una década, Venezuela disfrutó de la continuidad de gobiernos cívicos democráticos y alternativos.
11. La década final del siglo XX fue escenario de un proceso de descomposición e inestabilidad de la democracia, así como de transformaciones, algunas de ellas violentas. En 1992, el Teniente Coronel Hugo Chávez lideró uno de los golpes de Estado contra el Presidente electo Carlos Andrés Pérez. Este hecho dio inicio a un acelerado deterioro político de ese período gubernamental, el cual culminó con la presentación de acusaciones de corrupción contra el Presidente, planteadas por algunos líderes de la oposición y ex funcionarios del propio gobierno de Pérez, quien fue sometido a juicio por dichas acusaciones y finalmente sustituido por un gobierno provisional que duró seis meses. En las elecciones inmediatas, Rafael Caldera fue electo Presidente por segunda vez, para el período 1994–1999. Después del golpe de Estado contra Pérez, el Teniente Coronel Hugo Chávez fue encarcelado. Posteriormente fue sobreseído y puesto en libertad por orden del Presidente Rafael Caldera, lo que le permitió postularse inmediatamente a la Presidencia de la República y ganar las elecciones de 1998.
12. A su llegada al poder en 1999, el Presidente Hugo Chávez convocó una Asamblea Nacional Constituyente, con la tarea de crear una nueva Constitución que permitiera la "refundación de la República". Las y los Constituyentes electos fueron en su gran mayoría seguidores del Presidente Hugo Chávez. La nueva Constitución fue sancionada en 1999 y en el año 2000, se produjeron nuevas elecciones de Presidente y de Diputados y Diputadas, ya que el anterior Congreso Bicameral de la "República de Venezuela" fue sustituido en el texto constitucional de la nueva "República Bolivariana de Venezuela" por una Asamblea Nacional unicameral.
13. La reelección del Presidente Chávez en 2000, para un nuevo período, ahora de seis años, según la nueva Constitución, estuvo acompañada de un masivo respaldo electoral lo cual le ha dado al partido gubernamental y a los grupos políticos que le acompañan, la mayoría absoluta de los Diputados y Diputadas en la Asamblea Nacional y prácticamente todas las posiciones de poder y decisión en todos los órganos de los Poderes Públicos del Estado venezolano
14. Durante los cuatro años que van del 2000 al 2004, el gobierno del Presidente Hugo Chávez ha enfrentado una recia oposición, expresada en numerosas acciones que, por los medios legales a su alcance, invocan y exigen sin mayores resultados el respeto a la Constitución y las leyes. La oposición también ha protagonizado protestas masivas, acompañadas, a fines del año 2002 y comienzos del 2003, de una paralización prolongada del aparato productivo del país. Esta oposición está integrada por un frente de partidos, gremios, sindicatos y organizaciones y agrupaciones de la sociedad civil, movilizada como antes no se había visto en la historia venezolana. El Presidente, por gestión de los grupos que le adversan, fue sometido a un Referendo Revocatorio en agosto del 2004, cuyos resultados fueron cuestionados por la oposición, bajo la acusación de fraude, en vista de que el organismo árbitro de los procesos electorales, el Consejo Nacional Electoral, cuenta en su órgano de dirección y demás instancias operativas con una clara mayoría oficialista y porque en las fases previas al Referendo Revocatorio, el gobierno puso en marcha un proceso fraudulento de cedulación que otorgó indiscriminadamente la nacionalidad e identidad venezolana hasta a miembros de grupos guerrilleros de la vecina Colombia.
15. A estas irregularidades se sumó durante la preparación del Referendo Revocatorio, un evidente y masivo empleo de los recursos públicos al servicio de la propaganda en favor de la parcialidad política que el Presidente Chávez representa. Los resultados del Referendo lo ratificaron en el poder. Puede afirmarse que el Estado Venezolano, institucionalmente hablando e incluyendo a las fuerzas armadas, está totalmente en manos y bajo los controles directos del Presidente y de su partido y grupos afines, quienes gobiernan con una fuerte oposición que les enfrenta en abierta desventaja, por los abusos de poder en todos los órdenes que protagonizan el Presidente Chávez y demás funcionarios de los órganos del Poder Público. A esto hay que añadir que los últimos resultados electorales colocaron al sistema de partidos en situación de extrema minoría o virtual desaparición. Los partidos han sido agredidos en sus sedes y sus dirigentes son objeto permanente de hostigamiento por diversos medios que incluyen la agresión física personal y a sus familias.
16. La oposición ha denunciado reiteradamente el debilitamiento de la institucionalidad democrática como consecuencia del control total de los Poderes Públicos por parte del Presidente y su partido y por la creciente presencia de oficiales de las Fuerzas Armadas, activos o retirados, en posiciones de poder en prácticamente todas las altas instancias públicas. La existencia de elevados niveles de corrupción,2 observada y evaluada por organismos internacionales especializados sobre el tema, que colocan a Venezuela entre los países con mayores índices de corrupción en el mundo, sumado al control del Poder Electoral y al carácter puntual y errático de políticas públicas explícitas en materia económica y social, han fortalecido e incrementado en forma extrema, la crisis que ha vivido el país desde principios de los años 80, lo cual ha provocado una situación de creciente deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población. Esto es especialmente cierto en el caso de las mujeres y los niños, como lo muestran los últimos indicadores sobre pobreza que se incluyen más adelante en este informe y las cada vez más limitadas posibilidades de ejercicio efectivo de las libertades ciudadanas, ante la aprobación de leyes y reformas legales (Código Penal) que castigan hasta con cárcel a la opinión pública que exprese críticas al Presidente o a personeros de los Poderes Públicos y que ellos consideren opiniones "ofensivas" o "lesivas". La penalización legal de la disidencia puede, incluso, llevar a la cárcel a quienes manifiesten públicamente su descontento contra el gobierno o contra algún funcionario.
17. Las últimas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional han confirmado la tendencia a fortalecer al Estado y sus controles, en detrimento de la ciudadanía y sus derechos. Hoy por hoy en Venezuela hay más concentración del poder del Estado en el Poder Ejecutivo y menos posibilidades de ejercicio de la ciudadanía.
18. Hemos creído que, aun cuando sea a grandes rasgos, es importante que las distinguidas y respetables expertas miembras del Comité CEDAW conozcan parte del contexto en el cual deben ser analizados e interpretados los informes del Gobierno que serán revisados y que han sido elaborados por las actuales autoridades del Instituto Nacional de la Mujer, INAMUJER, pese a que el 4º Informe, abarca algunos años de gestión que no fueron responsabilidad del actual gobierno sino del Presidente Rafael Caldera.
19. Para aquellas distinguidas expertas miembras del Comité CEDAW que deseen conocer los alcances y consecuencias de la turbulencia política y el nivel de los enfrentamientos políticos vividos desde el año 2000 a la presente fecha, nos permitimos sugerir muy respetuosamente, se sirvan acceder a las siguientes direcciones en Internet: http://www.urru.org/fotos_index.htm y www.elgusanodeluz.com donde se identifican claramente los sucesos, en las fechas y los protagonistas.
C. CONTEXTO GENERAL
Demografía
20. Venezuela está ubicada al norte de América del Sur y es República soberana desde 1830. Se estima que la población actual del país es de 26,467,834 habitantes3 distribuidos en 912.050, Kmts². Se calcula que la relación entre población masculina y femenina es 49,5/50,5. La población joven de 12 a 24 años es de 25,7%. Tiene una densidad de población de 27/Kmts², un índice de masculinidad de 97,8, una relación de dependencia de las y los miembros del grupo familiar de 61,3% y una relación de adultos mayores/jóvenes de 14,8%.
Aproximadamente el 85% de la población vive en áreas urbanas, y al sur del río Orinoco, una de las áreas más extensas del territorio nacional, vive solamente el 5% de la población.
21. La tasa de natalidad tiene a disminuir, pero no como un comportamiento homogéneo de todos los grupos de edad o sectores socioeconómicos, ya que entre las madres adolescentes y adultas jóvenes, hay una tendencia al mantenimiento de la elevada natalidad, pese a que entre 1992 y 1998 el organismo a cargo de las políticas de las mujeres diseñó tres planes de prevención del embarazo precoz, que resultaron incompletos y que no se cumplieron o sólo adelantaron acciones limitadas. Otros indicadores demográficos importantes son:
Tasa bruta de Natalidad: 23
Tasa bruta de mortalidad, 2003 : 5
Esperanza de vida, 2003: 74
Tasa de mortalidad derivada de la maternidad†, 1985 - 2003, registrada:60
Tasa de mortalidad derivada de la maternidad†, 2000, ajustada: 96
Tasa de mortalidad derivada de la maternidad†, 2000, Riesgo de mortalidad de la madre en su vida. 1 en: 300
Tasa global de fecundidad, 2003: 2,7%
Economía
22. Hasta las primeras décadas del siglo XX la economía venezolana era principalmente agrícola; a partir de 1926 hasta el presente, pasó a ser una economía centrada en la producción y exportación de petróleo, cuya contribución domina en más de un 80% la formación del PIB. En el año 2001, el crecimiento del PIB fue de 2.7% y en los últimos años este índice ha aumentado a consecuencia del alza internacional de los precios petroleros. La dinámica del valor de las exportaciones petroleras determina los períodos de recesión o crecimiento de la economía venezolana ya que el sector no petrolero es relativamente débil y en los últimos años tal debilidad se ha incrementado por la fuga de capitales, la drástica reducción de las inversiones, el cierre de numerosas empresas y otros hechos acaecidos a consecuencia de la tendencia a incrementar la intervención estatal en la acción del sector privado, la ausencia creciente de seguridad económica, los ataques a la propiedad privada urbana y rural, la reversión del proceso de descentralización iniciado en 1990, la desaparición del Estado de Derecho expresada en la vulneración permanente del principio de legalidad, lo cual ha dado como resultado la inexistencia real de la Ley y el incremento de la presencia del Estado en todas las esferas de la actividad económica y social.
23. La crisis económica del país se ha agravado de manera alarmante y se mantiene la paralización económica. Durante el año 2003 el PIB tuvo una caída de –9,2%, con una tasa de inflación de 27,1%. Se mantienen las más altas tasas de desempleo: 19,2 (17,6% para los hombres y 23% para las mujeres en el 2003). La tasa de informalidad de la economía es de 53%. Por el comportamiento de la inversión, no es de esperar que a breve plazo se produzcan bajas en esas tasas de desempleo e informalidad, donde las mujeres tienen la peor parte. Ese mismo año 2003, la inversión privada como porcentaje del PIB fue de, apenas, 4,4%. Entre 1999 y 2003, el PIB del sector industrial tuvo una caída promedio de 5,1%, el número de industrias ha disminuido en un 50% y tal tendencia se ha mantenido en 2004 manteniendo correlativamente las mismas tendencias en las cifras de crecimiento y de desempleo.
24. Después de la aplicación de dos procesos de ajuste en 2002, el gobierno inició el 5 de febrero del 2003 el control total y rígido de cambios sobre todas las divisas extranjeras, bajo la dirección de una Comisión de Administración de Divisas, CADIVI. Estas iniciativas, cerraron totalmente la economía venezolana al resto del mundo. El sector externo pasó a depender de las decisiones de CADIVI. La deuda interna ha crecido enormemente, ahora es de 17,1 cuando en 1999 era de 5,3% del PIB. Este hecho vulnera en forma sensible la sostenibilidad fiscal, dadas las bajas tasas de crecimiento económico de la economía venezolana en los últimos años. Como era de esperar este control estimuló el descenso de la inversión privada, el cierre de empresas y disparó los niveles de inflación que colocaron a Venezuela en el segundo lugar internacional del más alto índice de inflación y en el primer lugar en América Latina y El Caribe. La caída del PIB en 2003 arrastró centenas de miles de personas a la pobreza. El control sobre las divisas ha dado lugar a la existencia de un mercado paralelo y una devaluación real cada vez más marcada del signo monetario.
Pobreza
25. Según las cifras correspondientes al año 2004, en Venezuela, las y los trabajadores venezolanos recibían como Salario Mínimo la suma de 321.345,oo bolívares (cerca de 160 US dólares, al precio oficial, que es sensiblemente inferior al del mercado paralelo). Mientras que el valor de la Canasta de Alimentos es de 523.000,oo bolívares (cerca de 250 dólares) y el de la Canasta Básica (que incluye otros bienes de subsistencia), es de 1.560.000,oo. Bolívares (cerca de 750 dólares). Las cifras son muy claras y dan una idea de las dificultades que tiene la población en estos momentos para subsistir.
26. Son necesarios casi dos salarios mínimos para adquirir la Canasta de Alimentos y casi 5 salarios mínimos para adquirir la Canasta Básica. Por otra parte los incrementos anuales del valor de esta canasta de alimentos son enormes. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, de octubre de 2003 a octubre de 2004, la Canasta de Alimentos aumentó 24,2%.8 (Ver anexo a este párrafo). A esto hay que sumar que el poder adquisitivo se ha deteriorado gravemente por los impuestos que impiden a las y los trabajadores adquirir los bienes de la dieta diaria. Hay que añadir que más del 50% de los trabajadores formales laboran en empresas menores de 20 trabajadores y el resto, quienes están en la creciente economía informal o están desempleados, son ya 8 millones de personas, muchas de ellas mujeres, para cuya atención no existen políticas dirigidas a superar estos déficit y que en los últimos 5 años han superado el empleo formal. En la población informal el 85% devenga menos del salario mínimo y los desempleados carecen de protección por la eliminación del seguro de paro forzoso. Conviene advertir que el 40 % de las y los trabajadores informales trabaja en las calles en ventas ambulantes.9(Ver anexos correspondientes a este párrafo)
27. El Instituto Nacional de Estadísticas, INE, reconoce que el 61%, es decir 14.5 millones de personas no pueden adquirir los bienes alimentarios que necesitan y 7.3 millones se encuentran en pobreza extrema, de los cuales el 30% son niños y niñas: casi 2.5 millones. A esto se añade la excesiva carga fiscal que pagan las y los trabajadores: Impuesto al Débito Bancario (IDB); IVA, l5%, (8% a productos de la cesta de alimentos), más el Impuesto sobre la Renta y Seguro Social, lo cual determina que un 20% del salario de la o del trabajador van a estos renglones. Esto se agrava con la devaluación de la moneda y el aumento de los precios de artículos de primera necesidad.
28. Hay que señalar que, según los datos del INE, el índice de desempleo descendió de 18% en octubre del 2003 a 14,4 % en octubre del 2004. Esto se debe a que el gobierno en ese mismo lapso contrató 284 mil personas para agrandar su nómina en 18%, mientras que el incremento de la nómina del sector privado en ese mismo período fue apenas de 1,6 %.11(Ver anexo correspondiente a este párrafo). Por otra parte y según datos del Banco Central de Venezuela la inflación en los dos últimos años ha oscilado entre 17 y 25%.12
29. Los hogares pobres crecieron desde el año 2000 de 60,3% a 67,5% en el 2002; el porcentaje de hogares en pobreza crítica pasó de 25,3% en el 2000 a 36,4% en el 2002. Esto ocurrió a pesar de una cierta expansión del gasto social, pero dicha expansión no fue eficiente, no se focalizó en los hogares más pobres. Esta tendencia se mantuvo en el 2003, por la ya señalada paralización de la economía. El gobierno ha impulsado una serie de programas sociales que llama Misiones y a los cuales identifica con nombres de héroes de la independencia y de jefes indígenas históricos. Esta Misiones están sólo parcialmente ligadas a la institucionalidad social y reciben muy escaso control porque no dependen de los organismos regulares, tales como los Ministerios, sino que dependen de la Presidencia de la República directamente. Por esa vía se paga a las y los beneficiarios de cada Misión el 61% del salario mínimo sólo por estudiar o realizar tareas proselitistas del gobierno del Presidente Hugo Chávez.
30 Como en otros países de la región, en Venezuela la pobreza tiene cara de mujer. Como lo ha contabilizado la CEPAL para nuestro país y con base en la Encuesta de Hogares (documento oficial), del 1998 al 2002 ha aumentado la jefatura de hogares en manos de mujeres, es significativamente mayor el numero de hogares indigentes donde la cabeza es femenina y ha crecido de manera alarmante el trabajo no remunerado de las mujeres. En mas de un 70% de los hogares pobres la cabeza de familia es una mujer, tendencia en crecimiento en los últimos 10 años.
31. En el Informe Panorama Social de América Latina 2004, elaborado por la CEPAL , se señala que con relación a la situación de 1990, la pobreza en Venezuela ha avanzado en un 122%, y es el único país donde la tendencia asegura que la indigencia aumentará en los próximos años. Según J. A. Ocampo, de la Secretaría General de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL: "Las condiciones de vida permanecerán casi invariables en la mayoría de los países, salvo en Venezuela, donde la pobreza podría aumentar significativamente ….."14. Esto puede deberse según la CEPAL a que Venezuela en los últimos 14 años ha logrado romper los records de contracción y recesión económica crecientes y al aumento de la maternidad adolescente que es, con excepción de Nicaragua (24%), la más alta de la región (21,5%).
Índice de desarrollo humano
32. El Informe de Índice de Desarrollo Humano, IDH 2004 del PNUD, señala para Venezuela en el año 2002 un IDH de 0,778, conformado por los indicadores: esperanza de vida 73,6 años; proporción de alfabetismo en adultos 93,1%; porcentaje de matriculación combinada (primaria, secundaria y universitaria) 71% y PIB per cápita de 5.380 dólares con paridad de poder adquisitivo. El país se ubica en la posición 68, entre los países de IDH Medio.
Características del sistema político y tendencias actuales
33. El Estado venezolano, según lo dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en 1999, está estructurado en cinco poderes: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Electoral y Poder Moral. El país está dividido política y administrativamente en 23 estados y 340 municipios.
34. En los últimos 50 años desde 1958 hasta el año 2000, Venezuela vivió diversos gobiernos de partidos políticos, gracias a que la Constitución de 1961, vigente hasta 1999, consagró un sistema político sustentado en una democracia de partidos. Esto permitió que desde entonces el país viviese en un ambiente de pluralismo político creciente, cuya composición ideológica diversa se expresaba principalmente en la representación legislativa y en los acuerdos bi-partidistas o pluri-partidista que se dieron para ejercer los poderes públicos hasta la fecha indicada. En este período se alcanzaron logros importantes en materia de educación, salud, industrialización y urbanización.
35. A partir de las elecciones del año 2000, cuando el actual Presidente de la República ganó las elecciones y obtuvo una mayoría abrumadora en la Asamblea Nacional, Venezuela se ha visto conducida políticamente por un gobierno de signo altamente personalista, con cambios profundos en el orden institucional que apuntan a confirmar y ampliar drásticamente la concentración del poder en manos del Presidente Hugo Chávez y su partido sobre todas las instancias del Estado16, y el inicio de una acción sistemática contra la organización civil y contra la propiedad privada, como lo demuestra el hecho de que hace pocos días el gobierno ha iniciado la confiscación de las propiedades rurales y urbanas "ociosas" o "improductivas" y muchas de las propiedades productivas, pertenecientes a ciudadanos o ciudadanas que el gobierno califica de "oligarcas",17 así como una acción de intervención en las organizaciones de la sociedad civil como las Federaciones y Confederaciones gremiales y sindicales, organizaciones de acción cívica y últimamente, organizaciones de mujeres.
36. La turbulencia política de estos años ha polarizado y enfrentado a la sociedad venezolana entre quienes apoyan al Presidente y quienes lo adversan. Los enfrentamientos teñidos de violencia han cobrado víctimas fatales de uno y otro lado, especialmente del lado de la oposición pues grupos armados actúan con impunidad atacando manifestaciones, marchas y concentraciones de protesta de los grupos opositores. Uno de los propósitos del gobierno, es armar a sus seguidores para una "organización militar popular", como Unidades Populares de Defensa que el Presidente anunció como cuerpo de "defensa del territorio".18 Los grupos de choque que mantiene el gobierno para atacar físicamente los puntos de reunión de la oposición, han determinado que ésta se encuentre permanentemente impedida para expresar sus protestas, más allá de espacios municipales, que las autoridades determinan. En las siguientes direcciones se identifican claramente los sucesos, las fechas y los protagonistas: http://www.urru.org/fotos_index.htm y www.elgusanodeluz.com
37. Venezuela vive en estos momentos una crisis compleja, donde no se perciben salidas pacíficas o acuerdos de pacificación cercanos. El ambiente presenta un clima de conflicto y enfrentamiento permanente. Los indicadores de pobreza, desempleo, la disminución de la actividad productiva formal, el crecimiento expansivo de la informalidad, la depredación de los recursos naturales, las tragedias ambientales relativamente frecuentes que, por ausencia de prevención y cuido ambiental, arrojan numerosas perdidas humanas y económicas, la corrupción, la creciente militarización del Estado,19 el incremento de la burocracia y del tamaño del Estado,20 las medidas dirigidas al control de los medios privados de comunicación21, el autoritarismo de los poderes y las fuerzas públicas, la violencia gubernamental22 y muy especialmente la violencia política ejercida por los cuerpos represivos del Estado, en contra de las mujeres, la existencia de persecuciones y presos políticos,23 la reducción al mínimo de los partidos políticos, la presencia comprobada de guerrillas que penetran desde Colombia y dirigentes de estas fuerzas guerrilleras que reciben la nacionalidad venezolana e incluso disfrutan del derecho al voto y además viven en nuestro territorio sin que se las persiga o sancione por las autoridades públicas,24 la presencia de contingentes de ciudadanos cubanos que son empleados en programas gubernamentales (como los 20.000 médicos cubanos que trabajan en una de las "Misiones" creadas por el Presidente Chávez) y a quienes se les están confiriendo crecientes responsabilidades políticas directas y de gestión pública, (como el recientemente firmado convenio de asistencia jurídica de Cuba a Venezuela que permite a abogados cubanos realizar operaciones de investigación y control de ciudadanos de origen cubano que residen en Venezuela), son algunas de las agudas manifestaciones de dicha crisis. En este mismo sentido se destaca el hecho, ya notorio internacionalmente, de que se ha generado una grave situación política con Colombia porque la policía colombiana, según criterio del Presidente Hugo Chávez, habría violado la soberanía venezolana, porque gestionó el secuestro y retorno a prisión de un jefe de la guerrilla colombiana que vivía en Venezuela bajo el amparo del gobierno. Este escándalo diplomático que preocupa a toda la región contrasta con la permisividad ante los enormes contingentes de ciudadanos cubanos que desempeñan funciones de gobierno.
38. La calidad de vida de la población venezolana ha continuado su acelerado deterioro particularmente por la inseguridad económica, política, social y jurídica. Una evidencia de lo dicho es el crecimiento permanente de la mortalidad para mujeres y hombres por homicidios, en los cuales los varones mueren mucho más; por su parte, las mujeres hacen el correspondiente duelo y, además, deben luchar por la búsqueda de justicia para sus hijos, esposos, hermanos y padres. Sin embargo la información estadística evidencia que detrás de la escandalosa muerte de los varones por estas causas hay un sostenido e invisible crecimiento de la mortalidad femenina como mostraremos en párrafos posteriores.
39. El encarecimiento de los servicios públicos, de los alimentos y el incremento del desempleo, han complicado la situación y posición de las mujeres, por el deterioro de su capacidad adquisitiva, por el descenso grave en los niveles de consumo de bienes primarios y por la falta de acciones concretas dirigidas a satisfacer sus necesidades fundamentales y conseguir oportunidades que les permitan el pleno ejercicio de la ciudadanía como lo establece la Constitución.
40. La atención en servicios a víctimas de violencia intrafamiliar, entre otros, es prestada mayoritariamente por organizaciones no gubernamentales dirigidas por mujeres, la inmensa mayoría sin subsidio estatal; sobre algunas de ellas se ha desatado una persecución, como se informará en detalle más adelante.
41 Sintéticamente puede señalarse que los principales retrocesos que se han registrados para las mujeres en estos últimos cinco años son: la eliminación de la cuota del 30% establecida en beneficio de las mujeres en la Ley del Sufragio y Participación Política; la desaparición en el año 2000, de las "Comisiones Asesoras" del INAMUJER, integradas por mujeres de todos los partidos y de la sociedad civil, que habían sido creadas en 1984 para actuar como asesoras en las políticas dirigidas al adelanto de las mujeres; la desaparición por solicitud del Fiscal General de la República, de las medidas cautelares sobre los agresores contra las mujeres, según lo establece la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia; la eliminación de la representación de la Sociedad Civil en la Junta Directiva del INAMUJER; la disminución creciente de la presencia de mujeres en los cargos de representación popular; el que se haya ignorado el sostenido esfuerzo de las mujeres unidas por lograr la modificación del Código Penal en materia de delitos sexuales; el crecimiento del embarazo adolescente; el incremento de los hogares indigentes en los que las mujeres son cabeza del hogar; el uso reiterado de un lenguaje abiertamente sexista y degradante de la dignidad de las mujeres en los discursos públicos del Presidente y de algunos de los funcionarios de su gobierno.
II. UNA VISIÓN ALTERNATIVA DE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN CEDAW EN VENEZUELA
Articulo 2 Obligación de consagrar una política orgánica contra la discriminación.
Artículo 3 Obligación de garantizar el adelanto de las mujeres y el goce de todos los Derechos Humanos y Libertades.
42. Gracias a iniciativas y presión conjuntas del movimiento de mujeres, la Constitución venezolana de 1999 eliminó el lenguaje sexista y consagró por primera vez en forma directa, en su Artículo 21, el principio de igualdad de todas las personas ante la Ley; dicho artículo también contempla la prohibición de las discriminaciones en los términos establecidos en el Artículo 1 de la CEDAW, así como la garantía legal de igualdad real y efectiva mediante la posibilidad de que los organismos públicos puedan adoptar medidas positivas. Sin embargo, este conjunto de avanzados criterios que logramos insertar las mujeres en la Constitución de 1999, son, en muchos sentidos, letra muerta, como las leyes existentes y los planes diseñados.
43. El Estado venezolano no ha cumplido con el espíritu y propósito del Articulo 2 que exige a los Estados Partes "… seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer…". La acción contra la discriminación ha sido puntual, dispersa e incoherente, como lo demuestra el hecho de que en ninguno de los Ministerios y demás organismos del Poder Ejecutivo se ha diseñado, sancionado o ejecutado ninguna política explícita integral o parcial en tal sentido; no existe ningún instrumento de política gubernamental que exprese estrategias claras y las líneas de política gubernamental en la materia. No hay señales concretas de que, aun sin la existencia de tal instrumento, el gobierno esté desarrollando una política integral de igualdad y lucha contra la discriminación. Más grave aun son el predominio de expresiones machistas en el discurso político del Presidente y de algunos de los líderes de su gobierno y el que se hayan tomado decisiones que perpetúan los patrones discriminatorios, como se verá a lo largo de este informe.
44. Hay significativos avances en materia legislativa, casi todos anteriores al año 2000 (Reforma del Título VI de Ley del Trabajo para proteger a la trabajadora embarazada, Reforma de la Ley del Sufragio para establecer una cuota del 30%, la Ley de Igualdad de Oportunidades, la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia) y se han formulado algunos instrumentos de política pública como son el Plan Nacional de la Mujer de 1997 y el Plan de Igualdad para las Mujeres; este último bastante extenso en contenidos para ser ejecutados en el período 2004 al 2005. Ninguno de estos dos planes se han ejecutado; no han pasado de ser instrumentos formales, declarativos y se mantienen las actitudes y prácticas discriminatorias aun dentro de la estructura misma de los organismos públicos25 y de la sociedad en general, frente a una clara ausencia de voluntad política del Estado, del gobierno y del resto de instituciones encargadas de ejecutar las leyes y los planes señalados.
45. A fines de la Presidencia de Carlos Andrés Pérez, en 1993, fue promulgada la Ley de Igualdad de Oportunidades, la cual permaneció cinco años (1994–1999) sin la sanción del Presidente Rafael Caldera, quien decidió no aplicarla. El actual Presidente de la República, antes de sancionarla, resolvió en el año 2000, modificar la Ley mediante un Decreto Presidencial.26 La Ley en cuestión crea el Instituto Nacional de la Mujer INAMUJER y el Decreto señalado, eliminó la representación de la sociedad civil organizada de mujeres de la Junta Directiva del Instituto, con lo cual dicho órgano está enteramente integrado por representantes del Estado.
46. Las disposiciones de la Ley de Igualdad de Oportunidades no se aplican y no ha habido ninguna iniciativa concreta dirigida a la realización práctica y efectiva del principio de Igualdad en el mainstream de las políticas públicas estatales o gubernamentales, como exige la CEDAW. Pese a lo que se enuncia en el Plan de Igualdad 2004-2005, el gobierno no ha formulado ni ejecutado una política gubernamental realmente orgánica e integral dirigida a liquidar la discriminación y a garantizar en los hechos el principio de Igualdad.
47. Los planes, programas, proyectos que se adelantan por el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales, en diversos sectores de la acción pública (macroeconómicos, educación, salud, ambiente, empleo, seguridad social, etc.) ignoran el enfoque de género y la garantía constitucional del principio de Igualdad. Las excepciones son: a) el programa de Salud Sexual y Reproductiva que se ha iniciado recientemente en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social conjuntamente con el Ministerio de Educación y Deportes, cuya Norma Oficial fue decretada en 2003 y que incluye la violencia contra las mujeres;28 b) un Proyecto de Gobernabilidad en el nivel local, que promueve la participación de las mujeres y finalmente, c) el Banco de Desarrollo de la Mujer, BANMUJER, que otorga micro-créditos a las mujeres pobres y en cuyas operaciones se señala que hay un enfoque de los intereses de género en la asignación de los créditos. El resto de los organismos públicos carecen de toda orientación de política pública dirigida a consagrar la Igualdad y aplicar el enfoque de género.
48. El Plan de Igualdad para las Mujeres 2004-2005, presentado por el actual gobierno, es un plan de carácter normativo, donde no se contempla ninguna estrategia y se pasa directamente de los "Objetivos" a "Acciones". No es un verdadero plan para lograr la igualdad, ya que no incluye en sus acciones ningún compromiso objetivo y preciso de los entes del Estado para ejecutar programas o acciones concretas. Más bien es un plan donde se presentan acciones a ser desarrolladas por el Instituto Nacional de la Mujer, que se define como el "órgano rector de las políticas públicas dirigidas al adelanto de las mujeres", y que sin embargo en el mencionado plan aparece con iniciativas, básicamente, de "promover", de "velar", de "fomentar" y en ningún caso hay señalamientos que apunten a ejecutar acciones concretas. INAMUJER es una institución políticamente débil y que carece de las capacidades técnicas y del personal capacitado para dirigir o coordinar la institucionalización del enfoque de género y las políticas de igualdad en los organismos públicos.
49. INAMUJER se ha convertido en una agencia de adoctrinamiento político ideológico revolucionario de los grupos de mujeres que conforman los "Puntos de Encuentro" que ha creado, más con fines políticos, que de verdadero apoyo a los derechos de las mujeres venezolanas. Una muestra de esto puede ser fácilmente ubicada si se entra en la página web del INAMUJER y se sigue la siguiente ruta: http://www.inamujer.gov.ve/presidencia.html que es la conexión directa de la página con la Presidencia de la República.
50. El Plan de INAMUJER para 2004-2005 contiene importantes errores de enfoque, errores metodológicos y técnicos sobre los cuales algunas organizaciones de mujeres y personas expertas de la sociedad civil y de algunos partidos políticos, advirtieron al Instituto Nacional de la Mujer y que sin embargo fueron mantenidos en su versión final. De los objetivos del plan, que no puede ser monitoreado ni evaluado por la vaguedad de los contenidos, los hechos concretos que pueden determinarse de sus textos no han sido ejecutados ni en una cuarta parte de lo que se promete en ellos.
51. La concepción de la "transversalización del enfoque de género" consistiría -según anuncia el plan- en introducir los criterios de género en las llamadas "Misiones", las cuales son programas ad-hoc, de claro sentido populista, creados directa y personalmente por el Presidente, como fórmulas de política pública social, cuyo efecto inmediato ha sido desplazar y destruir los programas regulares de las instituciones del Estado, muchos de los cuales están en fase de extinción, y que han contribuido a desarticular el proceso de descentralización política que venía desarrollándose desde hace dos décadas. Hasta el momento los frutos de ese objetivo de "transversalización" de género en las citadas "Misiones" que enuncia el plan de INAMUJER, no se ha concretado. Por otra parte, hasta el momento dichas Misiones no han sido objeto de evaluación, no se conocen ni su verdadero alcance en la población, ni sus impactos y no han rendido cuentas de los cuantiosos recursos que en ellas se consumen. Aparte de insistir en "promover" la inserción de criterios de género en las "Misiones" creadas por el Presidente Chávez, el Plan no contempla la institucionalización de los criterios de igualdad en la estructura de los poderes públicos en ninguno de sus apartes.
52. Respecto al funcionamiento del Poder Legislativo a favor de la igualdad, las leyes que ha venido aprobando la Asamblea Nacional, no contemplan el enfoque de género y la garantía del principio de Igualdad. Dicha Asamblea Nacional carece de las capacidades políticas y técnicas necesarias para garantizar el carácter no discriminatorio e igualitario de las leyes que se aprueban. En el año 2000, la nueva Asamblea Nacional eliminó la Comisión Parlamentaria de los Derechos de las Mujeres que existía en el anterior Congreso de la República y creó una "Comisión de la Familia, la Mujer y la Juventud" que funcionaba con tres Sub Comisiones: la de Familia, la de Mujer y la de Juventud. Esto fue un verdadero retroceso ya que la anterior Comisión Parlamentaria tenía un status mayor, era bicameral, permanente y especializada en los derechos de las mujeres. Por otra parte es evidente el retroceso ideológico y doctrinario que significó este cambio en la orientación del tratamiento de los derechos de las mujeres, ya que dejó de ser una Comisión especializada de los derechos de las mujeres y pasó a ser Comisión de los Derechos de la Familia, la Mujer y la Juventud, lo cual hace clara su articulación con una visión tradicional y maternalista de los asuntos de las mujeres. A esto se sumó el caso omiso que se hizo a la experiencia de la anterior Comisión Parlamentaria de los Derechos de las Mujeres, quien dejó, entre otros frutos, la Reforma al Título VI de la Ley del Trabajo para la protección de la trabajadora embarazada, la reforma a la Ley del Sufragio y Participación Política, para la inclusión del artículo 144 que consagra la cuota de 30% para la participación de las mujeres en las candidaturas electorales, la Ley de Igualdad de Oportunidades, la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia.
53. La profunda disminución política de los asuntos de las mujeres, de género y de la igualdad en el Poder Legislativo, queda demostrada en el hecho de que en el año 2003, fue eliminada la Sub Comisión Parlamentaria de los Derechos de la Mujer de la Asamblea Nacional y el tema prácticamente ha desaparecido de la agenda Legislativa o Parlamentaria de la Asamblea Nacional de Venezuela, pese a que desde hace dos años, una de las Parlamentarias del partido gobernante, intenta que se apruebe una Ley de Igualdad de Derechos, en la cual la participación de otras instancias del movimiento de mujeres ha sido casi nula, por lo cual el proyecto carece de consenso entre los grupos diversos del movimiento de mujeres. Por otra parte, la discusión de este proyecto lleva más de un año paralizada en la Asamblea.
54. La Constitución del año 99 estableció en su Artículo 88 el reconocimiento del "trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social" y añade que "Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley". Esta avanzada disposición no ha logrado realización ni expresión en los últimos proyectos de la nueva Ley de Seguridad Social, pese al esfuerzo y la demanda sostenida de algunos grupos de mujeres organizadas comprometidas con el tema y pese al esfuerzo de las escasas parlamentarias del partido de gobierno que han pugnado por lograrlo, sin fruto alguno.
55. La situación en el Poder Judicial, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo no es diferente. Las y los jueces y fiscales no reciben formación durante su carrera que les sensibilice y capacite para atender la correcta interpretación y aplicación del principio constitucional de igualdad en los procedimientos judiciales y en la formación de criterios jurídicos sensibles a las diferencias de género y a los derechos humanos de las mujeres. Como lo han demostrado algunos casos de sentencias recientes en casos de violencia contra las mujeres, la mayoría de las y los jueces desconocen y así lo declaran públicamente, los alcances y contenidos del sistema internacional y regional de protección de los derechos humanos, la Convención CEDAW y aun la Convención Interamericana contra la Violencia Doméstica o Convención de Belem do Pará.
56. El Fiscal General de la República solo ha intervenido en el debate de las legislaciones de igualdad para gestionar un retroceso en los avances alcanzados, como fue su solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia para eliminar las "medidas cautelares" contra los agresores de violencia doméstica, una de las disposiciones de la Ley que se instituyó para proteger a las mujeres víctimas.
57. De la misma manera, los cuerpos de apoyo a la aplicación de las leyes, como son los organismos de seguridad del Estado, carecen de mínima formación en materia de leyes e instrumentos de protección de derechos humanos en general y de las mujeres en particular. La turbulencia política vivida en los últimos años bajo el actual gobierno ha demostrado el grado de violencia y desconocimiento de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas respecto a los derechos humanos y ciudadanos de las mujeres, como puede ser ampliamente comprobado por el Comité entrando en la dirección Internet ya señalada. www.urru.org/fotos_index.htm
INICIATIVAS DE LEY PENDIENTES DE APROBACION
58. Tal como se señaló previamente, hace casi dos años la desaparecida Sub Comisión de los Derechos de las Mujeres de la Asamblea Nacional, introdujo un proyecto de Ley de Igualdad de Derechos. En opinión de diversas organizaciones que han conocido el proyecto, lo han analizado y han presentado sus observaciones a las Diputadas proponentes del partido de gobierno, el proyecto posee numerosos errores conceptuales, de técnica legislativa, de enfoque sobre los asuntos del tema y de aplicabilidad real. Aun así fue introducido y solamente logró que se aprobara el que fuese una Ley de carácter orgánico; desde esta precaria aprobación ha permanecido inerte y no aparece este año en la agenda legislativa que deberá cumplir la Asamblea en su último período antes de las elecciones generales del 2006.
ARTICULO 4 : MEDIDAS POSITIVAS
59. En 1997 por iniciativa y presiones ejercidas por mujeres parlamentarias, funcionarias y por organizaciones de mujeres, se modificó la Ley del Sufragio y Participación Política y se incluyó como medida de acción positiva, la cuota de 30% para mujeres en las candidaturas a cargos de elección popular. Para las elecciones del año 2000, el Consejo Nacional Electoral, órgano fundamental del Poder Electoral, decidió en forma inconstitucional no aplicar el artículo 144 que consagraba la cuota, impidiendo de esta manera su ejecución.
60. No existen otras experiencias de aplicación de medidas especiales de carácter temporal por parte del Estado, para acelerar la igualdad.
ARTICULO 5: ROLES SEXUALES Y ESTEREOTIPOS
61. La Constitución Nacional establece en sus artículos 75 y 76 la protección integral e igualdad de derechos en la familia. La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente establece la "responsabilidad común de hombres y mujeres en la educación y desarrollo de sus hijos". Pero como en casos anteriores, no hay aplicación de los principios legales y constitucionales en las acciones de los Poderes Públicos.
62. Desde hace mas de 30 años, las universidades y algunas instituciones públicas, han desarrollado muy amplia y completa investigación que demuestra la existencia de patrones socio culturales y estereotipos discriminatorios y negativos para las mujeres en la sociedad venezolana, en el sistema educativo (currícula y textos) y en la programación de los medios de comunicación. En 1985 el entonces denominado Ministerio de la Familia, desarrolló un programa concreto dirigido al combate de los estereotipos sexistas y discriminatorios. Más tarde en 1992, el Despacho para la Ministra de Estado para la Promoción de la Mujer y el Ministerio de Educación iniciaron un Programa denominado "Educando para la Igualdad" con el cual se comenzó la lucha concreta por la eliminación de los patrones discriminatorios y a favor de la igualdad de oportunidades. Estas iniciativas lejos de ser ampliadas y desarrollas, desaparecieron a partir de 1999 y no han sido sustituidas por otra con fines similares.
63. En este momento el Estado venezolano carece de una política explícita en la materia y no existen programas concretos dirigidos a combatir los patrones socio culturales discriminatorios, ni los estereotipos que consagran las prácticas y prejuicios consuetudinarios en contra de las mujeres. Una recientemente aprobada Ley que regula los contenidos de los medios de comunicación, estaría dando fundamentos estatales a un combate a los estereotipos sexistas y a la discriminación, pero hasta el momento no ha comenzado a ser aplicada en este sentido.
64. Tampoco existe ninguna disposición concreta ni iniciativa programática dirigida a cambiar la situación del uso y grosera explotación que se hace de la imagen femenina con fines comerciales o para la promoción de una imagen de las mujeres en los medios de comunicación social que se corresponda con sus derechos humanos y no fortalezca los estereotipos tradicionales que privilegian sus roles reproductivos e invisibilizan su contribución a la sociedad mas allá de la maternidad
ARTICULO 6: TRAFICO Y PROSTITUCION DE LA MUJER Y LA NIÑA
65. El Estado venezolano es pródigo en disposiciones legales dirigidas a prohibir y sancionar la prostitución, especialmente la que ocurre con las y los niños. En efecto, hay disposiciones muy concretas en la Constitución Nacional, en el Código Penal, en la Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente; Venezuela ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo y ha ratificado la Convención sobre Derechos del Niño relativo a la venta, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía, que tienen el carácter de dispositivo constitucional, junto con los demás Tratados y Convenciones de Derechos Humanos (Artículo 23 de la Constitución).
66. Esta abundancia normativa contrasta fuertemente con la ausencia de interés y de acciones concretas dirigidas a atender este problema cuyo creciente agravamiento está siendo denunciado desde hace algún tiempo por diversas fuentes calificadas. La mejor demostración de la ausencia del Estado en la atención a este tema se expresa, no sólo en la inexistencia de programas o proyectos parciales o totales de prevención, atención y sanción a las o los responsables, sino, lo que es peor, en la falta de estadísticas oficiales que den cuenta fidedigna de los alcances del problema.
67. Según datos obtenidos de investigaciones realizadas por la ONG Asociación de Mujeres por el Bienestar y Asistencia Recíproca, AMBAR, especializada en este tema, en 1998 se estimaba que en Venezuela existía una población entre 14.600 y 17.390 niños y niñas que se dedicaban a la prostitución. En la actualidad se calcula que esa cifra está entre 40.000 y 50.000 casos en todo el país. Los números se desprenden de un trabajo realizado por Ámbar en 2003, en un estudio de perfil de la prostitución infantil en el área Metropolitana de Caracas, realizado con el apoyo del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y la Embajada Británica.30 El trabajo arrojó los siguientes resultados mayores: Los menores de la muestra conviven en un ambiente extremadamente difícil y de elevada violencia, en grupos de cinco (5) a quince (15) miembros. La mayoría son niñas. El 77,9% de la población estudiada tiene entre 14 y 16 años de edad, el 94% son desertores escolares y el 79.8% apenas había llegado a seis años de educación primaria. La mayoría indicó haber ingresado a la prostitución para obtener recursos para subsistir, con la aprobación de su grupo familiar que asume la prostitución infantil como estrategia de supervivencia. La mitad de ellos ignoran los métodos anticonceptivos y lo que es el VIH Sida. Los últimos gobiernos han hablado extensamente de su compromiso con la prevención y atención a la explotación sexual infantil, pero no han pasado de las palabras.
68 Por otra parte según cifras del Ministerio de Sanidad y Desarrollo Social, MSDS, en el país hay registradas 557.000 mujeres que ejercen la prostitución. El mismo organismo calcula que hay un 70% de sub-registro, con lo cual se puede estimar que hay cerca de 1.800.000 mujeres en esta situación. A través de su organización AMBAR, estas mujeres han pedido ser liberadas de la obligación de llevar consigo el llamado "carnet rosado", que es una credencial que les permite el ejercicio de la prostitución, ya que son objeto de extorsión, presiones y abusos de todo tipo por parte de funcionarios corruptos, quienes en algunos casos trafican con dicho "carnet rosado", como lo demuestra el hecho de que menores de edad practican la prostitución amparadas por esa credencial, presumiblemente obtenida en forma irregular.
ARTICULO 7: VIDA PUBLICA Y POLITICA
EL DERECHO A SER ELEGIBLE.
69. Como producto de largas y sostenidas jornadas de luchas que por varias décadas desarrolló el movimiento de mujeres en la búsqueda de la igualdad política, finalmente, en 1997 el Congreso de la República reformó la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política para introducir una cuota de 30% de participación obligatoria de mujeres en las listas electorales de los partidos y grupos políticos a los efectos de las elecciones nacionales, estadales, municipales y parroquiales y de los representantes al Parlamento Latinoamericano y al Parlamento Andino.31 Sin embargo, el 21 de mayo de 2000 el Consejo Nacional Electoral, CNE, en sesión extraordinaria dictó la resolución No 000321-544 por la que derogó y desaplicó el Art. 144 de dicha Ley que contempla la cuota electoral femenina del treinta por ciento (30%) en la participación política. El CNE argumentó que era un privilegio a favor de las mujeres, que violaba el principio de igualdad establecido en la Constitución en el Artículo 21. Con esto impidió su aplicación en las elecciones que se celebraron el 31 de julio de 2000.
70. El señalamiento del CNE es la más palpable demostración del atraso de los órganos del Estado, incluyendo al propio Tribunal Supremo de Justicia en la materia, ya que ese mismo artículo 21, consagra las acciones positivas como medidas que pueden ser tomadas por el Estado para acelerar la Igualdad. Esta Resolución de CNE fue ratificada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ante la solicitud intentada por mujeres de algunas organizaciones de la sociedad civil, con lo cual también se ratificó el atraso del Estado venezolano en materia de políticas de igualdad respecto a los avances que se han ido alcanzando en el mundo.
71. El texto del artículo 21 de la Constitución, como puede observarse expresa de manera directa las medidas positivas:
Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia:
1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.
2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.
2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
72. La evolución de la participación política de las mujeres en las posiciones de poder que venía siendo ascendente antes del año 2000, ha caído en las elecciones a partir del año 2000 como se observa en el cuadro y datos que se ofrecen mas adelante.
73. En las elecciones del año 2000, fueron electas dos (2) mujeres como Gobernadoras regionales. En las recientes elecciones del 2004, la proporción se mantuvo: sólo dos mujeres (8,7%) de un grupo de 23 funcionarios del mismo rango. (Datos publicados en el diario "El Universal" , pagina 1-4 de la edición del domingo 7 de noviembre de 2004)
74. En cuanto a las alcaldías sólo 19 de 340 están ocupadas por mujeres (5.58%).
75. La falta de concreción del artículo 21 de la Constitución Nacional de 1999, en legislaciones específicas que desarrollen la garantía de igualdad del numeral 2, aunado a la derogación y desaplicación del artículo 144 de la Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política, afectaron negativamente la presencia de más mujeres en cargos de elección popular. La lucha de las mujeres por lograr el sistema de cuota, las diligencias infructuosas efectuadas ante el Tribunal Supremo de Justicia para lograr que se restablezca, aparecen extensamente escritas en un trabajo de investigación titulado "Vicisitudes del Sistema de Cuotas en Venezuela", realizado por Carolina Codetta de la Universidad Simón Bolívar y Carmen Pérez Baralt de la Universidad del Zulia.
EL DERECHO A PARTICIPAR POLÍTICAMENTE
76. Cada día se hace más peligroso participar políticamente cuando se disiente de la línea gubernamental. Ya se aprobó una Ley de Contenidos para los medios audiovisuales, que reduce en la práctica el acceso a la información oportuna; así mismo se aprobó la reforma de 32 artículos del Código Penal que penaliza la disidencia y hay una propuesta para una Ley Antiterrorista que plantea criminalizar y sancionar a discreción el ejercicio de la disidencia.
77. Por participar en manifestaciones pacíficas de protesta organizadas por la oposición contra el gobierno o a favor del mantenimiento de los procesos democráticos, murieron, fueron heridas o maltratadas, entre otras:
77. Por participar en manifestaciones pacíficas de protesta organizadas por la oposición contra el gobierno o a favor del mantenimiento de los procesos democráticos, murieron, fueron heridas o maltratadas, entre otras:
a) Evangelina Carrizo, dirigente femenina del partido Acción Democrática en un municipio fronterizo del Estado Zulia, a quien le disparó por la espalda un oficial de la Fuerza Armada, mientras participaba en una manifestación pacífica de protesta. Murió desangrada en el piso ya que las fuerzas represivas no permitieron que se le prestara auxilio, lo cual constituye un homicidio culposo, sin que hasta el momento se haya sancionado al militar autor del hecho, quien fue puesto en libertad por el juez de la causa. (Diarios: "El Nacional", 8 de septiembre de 2004 pag. B-15 y "El Universal" edición del 30/11/2004 pag. 2-24)
b) Maritza Ron, ama de casa nacida en el Estado Guarico, de 60 años de edad, quien participaba en una manifestación pacífica en protesta por los resultados del Referéndum Revocatorio. Fue asesinada por grupos armados
progubernamentales y hasta el momento los responsables identificados no han sido sentenciados. (Diario "El Nacional", 30 de noviembre 2004. Pag B-23)
c) Elba de Diamante, quien forma parte de la ONG "Mujeres por la Libertad", participó en el enfrentamiento con efectivos de la Guardia Nacional en la Zona Industrial de Valencia. El Sargento Víctor Lovera la tomó por el cabello y la lanzó contra el piso, lo que le produjo un fuerte traumatismo craneal y cervical. Estuvo varios días en una unidad de cuidados intensivos. El sargento nunca fue enjuiciado. (Hay profusa información y gráficas en las web www.urru.org y en www. elgusanodeluz.com)
d) Elinor Montes: joven abogada que participaba con su familia en una manifestación opositora en Caracas, se acercó a la Guardia Nacional para exigir respeto a los derechos humanos de los manifestantes y fue golpeada por una mujer de la Guardia Nacional. El médico forense militar que atendió a Elinor Montes, diagnosticó y luego ratificó que había habido maltratos severos, por ello, dicho médico militar fue posteriormente sancionado y sacado de su cargo. Actualmente se le sigue un juicio a Elinor Montes por agresión a la Fuerza Armada. El Presidente condecoró a la mujer Guardia Nacional que maltrató a Elinor Montes. El caso de Elinor Montes ha sido presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA; (Hay profusa información y gráficas en la web www.urru.org y en www. elgusanodeluz.com)
78. A esto se unen los atropellos verbales y físicos recibidos por incontables mujeres que son maltratadas por las fuerzas públicas y los "Círculos Bolivarianos", en manifestaciones, marchas de protesta, desalojos violentos de viviendas y acciones semejantes que ordena el gobierno contra sus oponentes o personas que son calificadas como opuestas a la "Revolución bolivariana".
PARTICIPAR EN ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
79. La tradición de organización civil de las mujeres venezolanas se ubica en los albores del siglo XX. Las organizaciones han cumplido una excelente labor en tareas de apoyo a la reivindicación de los derechos de las mujeres venezolanas y han tenido un protagonismo significativo en los momentos más duros de las luchas por la igualdad. Los tipos de organizaciones son muy numerosos: Centros de estudios e investigaciones, Casas de la Mujer, Centros de Servicios alternativos, Organizaciones de lucha por derechos cívicos y políticos, organizaciones de atención a la violencia doméstica, etc.
80. La subsistencia de estas organizaciones se origina en la mayoría de los casos en los recursos propios de sus integrantes, en fuentes de la cooperación multilateral o bilateral y en algunos contados casos de apoyos de organismos del Estado o en la generación de recursos propios por prestación de servicios. El financiamiento del Estado siempre ha sido bastante mezquino, pero en los años 80 a 90, se logró sembrar conciencia en ciertas instituciones públicas acerca de la importancia de este apoyo. Desde el año 2000, los organismos del Estado eliminaron los subsidios a las escasas organizaciones de mujeres que lo recibían y fue sólo después de muchos esfuerzos cuando fueron restituidos algunos a muy pocas organizaciones.
81 Este comportamiento contrasta con los ingentes recursos que INAMUJER dedica a crear o fomentar organizaciones minimalistas de mujeres a las cuales denomina "Puntos de Encuentro", con fines de apoyo mutuo entre mujeres y de fuerte adoctrinamiento y disponibilidad para moverse en apoyo a las acciones y manifestaciones del gobierno, como lo demuestra lo que sobre ellos se señala en la propia página web del INAMUJER, ya indicada.
82. En este momento, grupos de mujeres del partido de gobierno, con el apoyo de Alcaldes de su propio partido, han iniciado acciones que pretenden tomar para sí y desalojar a quienes han venido sosteniendo algunos de estos centros y Casas de la Mujer que surgieron como iniciativas privadas, para convertirlos en Instituciones al servicio de los fines de la Revolución. De acuerdo con las públicas denuncias formuladas por las organizaciones agraviadas, en este momento han sido tomadas por las fuerzas del partido y del gobierno, con el apoyo del Prefecto del Distrito y del Gobernador del Estado Miranda, la "Casa de la Mujer Argelia Laya" de la población de Charallave y la "Casa de la Mujer Ángela Suárez" de la población de Cúa. En el primer caso, las mujeres que dirigen la casa han denunciado que han sido objeto de atropellos verbales y actos violatorios del respeto y la autonomía ciudadana que consagra la Constitución. Pese a que otras organizaciones han protestado públicamente y se ha solicitado la intervención de la Presidenta del Instituto Nacional de la Mujer, INAMUJER, la situación de cerco y atropello se mantiene.
83. Esta parece ser parte de una iniciativa del gobierno para iniciar de manera sistemática el control de las organizaciones civiles autónomas, ya que muchas de ellas, de carácter más general y vinculadas al trabajo cívico de oposición32 e incluso instituciones educativas33, han sido acusadas ante los tribunales de conspiración o de traición a la Patria, están siendo sometidas a procesos penales y algunos de sus directivos y directivas han recibido autos de detención. Esta acción ha sido llevada hasta el plano legislativo, ya que la nueva Ley de Salud contempla la eliminación de los subsidios a organizaciones civiles asistenciales y por otra parte, el gobierno ha anunciado hace pocos días que introducirá a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley para el control de las todas las subvenciones a ONGs, según la cual la cooperación internacional o regional no podrá negociar libremente su apoyo técnico o financiero a las organizaciones de la Sociedad Civil, sin el control del gobierno.
84. En síntesis, no tenemos una realidad política que permita participar libremente. La ley de contenidos busca limitar la presentación de la información en los medios, que ha permitido hasta ahora sostener públicamente las denuncias por asesinatos o maltratos. Existe impunidad institucional en las violaciones de derechos humanos, denunciadas reiteradamente por organizaciones especializadas. Hombres y mujeres dirigentes de acciones de oposición y periodistas críticos, entre ellos cuatro mujeres muy destacadas en los medios, son perseguidos y sometidos a juicios en los Tribunales. Los médicos forenses, los fiscales y jueces que atienden con neutralidad las denuncias son sancionados, a menudo, con la expulsión de sus cargos, lo que ha traído como consecuencia el que se inhiban de atender las denuncias de violaciones de Derechos Humanos relacionados con la acción política.
LAS MUJERES EN POSICIONES DE PODER EN LA GERENCIA PRIVADA
85. En un trabajo de investigación de las juntas directivas de 35 empresas venezolanas, realizado por Patricia Márquez, Directora Académica del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, una de las más prestigiosas instituciones de formación gerencial en Venezuela se muestra que el porcentaje de mujeres directoras suplentes es en varias empresas notablemente mayor al de mujeres directoras efectivas. En algunas de estas empresas las mujeres directoras suplentes son familiares (esposas, hijas o hermanas) de los propietarios o accionistas mayoritarios que son fundamentalmente hombres. Esto confirma la existencia de las pautas discriminatorias no solo en las posiciones decisivas de los asuntos públicos, sino de igual manera del sector privado.35
ARTICULO 10: EDUCACION
86. El equipo que ha elaborado este Informe Sombra, comparte observaciones que en materia de educación contiene el documento oficial de INAMUJER: "Plan de Igualdad para las mujeres, 2004-2005", y que en su página 22 señala, respecto a la eliminación de estereotipos:
"En educación, se ha incrementado la matricula escolar de las niñas y adolescentes, desde la educación preescolar hasta el ciclo diversificado, así como su permanencia en el sistema también es mayor. Pero los contenidos educativos están claramente sesgados por un patrón androcéntrico, cargado de información que sólo reafirma roles y garantiza la permanencia de los mismos, a pesar de que en los últimos años se ha incluido contenidos relativos a un equilibrio entre los roles de sexo" (sic).
87. Pese a que anteriores gobiernos, desde 1984 a 1994 trabajaron continuadamente en programas para la eliminación de los estereotipos en textos escolares (Ministerio de la Familia 1984 a 1988) y en la puesta en marcha del Programa "Educando para la Igualdad", (1991 a 1994), estos esfuerzos fueron cancelados y solo hace unos muy pocos meses el actual gobierno comienza a manifestar interés en la posibilidad de que se emprenda alguna acción sistemática para la eliminación de estereotipos de los textos escolares y que haya la posibilidad de una formación en género para el personal docente al servicio del Ministerio de Educación y Deportes. Sin embargo esto se encuentra en el nivel de un proyecto cuyos alcances son incompletos por la escasa cobertura de la población, e incompleto respecto a lo que exige una intervención educativa integral a favor de la igualdad.
88. Para el 2002 y según cifras del Ministerio de Educación y Deportes, la población escolar venezolana en educación primaria, media y profesional, educación de adultos y educación especial es de 6.859.243 estudiantes.36 Los datos contenidos en el documento que arroja estas cifras dan cuenta del inicio en 2003 de un proyecto financiado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas para "Contribuir en el diseño de acciones para fortalecer la educación de la sexualidad y la equidad de género en el currículo en los niveles de educación inicial y básica". Este proyecto cuyo financiamiento es de Cuatrocientos mil dólares (US$ 400.000), pretende cubrir cinco (5) años de acciones sostenidas en dicho tema entre el 2003 y el 2007 para cubrir una población de seis millones de estudiantes y donde la contribución del gobierno será en especies.
89. Al margen del carácter positivo de esta iniciativa, su alcance en los términos descritos para una población tan numerosa, sumado al énfasis en la parte de Salud Sexual y Reproductiva, indican por si mismos la limitada calidad y escasas posibilidades reales de transformar los patrones culturales discriminatorios y liquidar efectivamente los estereotipos. En realidad hasta el momento, no hay una política gubernamental coherente de lucha contra la discriminación desde el sistema educativo. Infortunadamente el gobierno identifica como políticas públicas, acciones puntuales y proyectos no insertados en las estructuras, normas y prácticas institucionales ni en los comportamientos de sus agentes para los fines de la política en cuestión.
90. Con relación al comportamiento de la matrícula, el propio INAMUJER señala en el documento indicado anteriormente las situaciones de desventaja para las mujeres:
Los datos dan cuenta de una similitud entre la matrícula masculina y la femenina; sin embargo, cuando se ven los datos de forma desagregada por nivel educativo se observa que la tendencia de ser más alta la matriculación de hombres que de mujeres se mantiene en el preescolar y la educación básica, pero es diferente en la educación media diversificada, donde son más las mujeres. …Eso revela que son más las mujeres que se mantienen en el sistema escolar y culminan el bachillerato. … Esta tendencia del ciclo diversificado vuelve a revertirse en la educación superior, donde se observan más hombres que mujeres en la matrícula de casi todas las carreras, siendo únicas excepciones las ciencias de la salud, ciencias sociales y las ciencias de la educación, tradicionalmente "femeninas". … La tasa de analfabetismo, hasta el año 2001 también era mayor en las mujeres que en los hombres con una tasa de 6,58 mujeres analfabetas frente a una tasa de 5,56 hombres analfabetas."
91. Es indudable que la segmentación de género de las carreras, influye en las posibilidades del empleo femenino, sumado a las muy limitadas posibilidades que tiene la población joven femenina de lograr capacitación para empleos calificados en una situación de grave crisis económica como la que vive el país.
93. Este Informe Sombra deja constancia de la ausencia de estadísticas que permitan conocer la presencia de las mujeres y sobre todo las jóvenes venezolanas en programas de formación técnica que por otro lado son escasos, según pudimos observar por la información oficial y lo que presentan los datos regionales para la región andina de OIT y de CINTERFOR. Nos preocupa la ausencia de información que nos permita contabilizar en la educación y formación de las mujeres venezolanas el alcance de la "brecha digital" y el nivel alcanzado por las mujeres venezolanas en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación TIC.
Artículo 11: EMPLEO
94. Venezuela está entre los países de América Latina con índices más preocupantes en materia de empleo para la población en general y para las mujeres en particular. Los datos aportados por la Organización Internacional del Trabajo, contenidos en el "Panorama Laboral 2004. América Latina y El Caribe"37 confirman estas tendencias negativas en el empleo femenino. Lo primero que anota el informe es que Venezuela presentó en 2004 la más alta tasa de desempleo en la región (un poco menor que la registrada en 2003), pese al aumento registrado en el PIB ese mismo año por efecto rebote respecto a la caída registrada en 2003. Para 1995 el desempleo urbano femenino tenía una tasa anual media de 12,9; esta cifra ha pasado a 21,1 en 2003. (Cuadro 2-A del Informe). Según el citado Panorama Laboral, fue uno de los tres países de la región donde la disminución del desempleo en los últimos meses de 2003 e inicios de 2004 se dio mayormente en puestos de trabajo ocupados por hombres, lo cual mantiene una diferencia significativa en el desempleo de hombres y mujeres con desventaja para estas últimas.
95. El informe señalado presenta la dramática disminución que se ha producido en la cantidad de mujeres trabajadoras que disfrutan de la seguridad social. Las mujeres protegidas por la seguridad social pasaron de 81,7% en 1995 a 61,6 % en 2003.
96. La terciarización creciente del empleo en Venezuela se refleja vivamente en la evolución del empleo femenino en el sector de los servicios, que ha pasado de 84,1% en 1990 a 88,5% en 2003.
97. Un examen de la estructura del empleo urbano en Venezuela muestra el proceso de deterioro del empleo femenino. En 1990 las mujeres empleadas en el sector formal eran el 60,7% , mientras que en 2003 esta cifra ha caído al 43,7%. Consecuentemente el incremento de las mujeres que están ubicadas en el empleo informal ha aumentado considerablemente. De 39,3% del total de las empleadas en 1990, en 2003 las que trabajan en el sector informal representan el 56,6%.
98. La creación del Banco de la Mujer, BANMUJER, con el propósito de generar ocupaciones productivas para las mujeres, fue una buena iniciativa del gobierno, que cuenta con un elevado respaldo financiero público, aunque este no fluye de manera regular y suficiente, lo cual impide al Banco cumplir sus propósitos en asignaciones crediticias. Según las evaluaciones de control realizadas por la propia Contraloría General de la República,38 BANMUJER presenta variados problemas que afectan su eficiencia tales como: un índice de morosidad sumamente elevados, de 41,57% (2002), respecto al total de la cartera de crédito bruta (Bs. 4.331,39 millones, unos dos (2) millones de dólares al cambio oficial), lo cual experimentó en 2003 un incremento en la morosidad de 179,61%, con respecto al valor del índice calculado al 30-06-2002 (14,87%). Tal situación a juicio de la Contraloría de la República afecta negativamente la liquidez del Banco y su función de intermediación financiera.
99. El informe de la Contraloría afirma que hay ausencia de políticas adecuadas dirigidas a la recuperación efectiva de los micro-créditos liquidados, lo cual incide en el significativo incremento del índice de morosidad de BANMUJER. Además el organismo contralor indicó en su evaluación de la gestión correspondiente a 2004 que se había constatado el incumplimiento de las Normas Generales de Control Interno, ya que en la revisión efectuada las operaciones crediticias no estaban respaldadas con la suficiente documentación justificativa establecida incluso en los requisitos del Banco en su Manual de "Políticas y Lineamientos Crediticios del Banco de Desarrollo de la Mujer". Las metas de BANMUJER en otorgamiento de créditos no se han cumplido en los últimos tres años. En el 2003 no ejecutó ni el 50% de lo previsto por retrasos o modificaciones en el flujo de recursos que deben ser brindados por el gobierno central.
100. La Contraloría instó en sus recomendaciones a la institución, mejorar sus sistemas de recuperación crediticia, establecer criterios y normas de otorgamiento y hacerlas cumplir para garantizar la idoneidad de sus operaciones.
101. Pese a estos problemas el Banco de la Mujer ha significado el inicio de una solución diversa a los graves problemas económicos de las mujeres pobres en Venezuela, aun cuando su alcance es todavía bastante limitado en comparación con la masa de mujeres en situación de pobreza. Basta señalar que en 2002, se concedieron 10.739 créditos por la cantidad de Bs. 5.175,20 millones, lo cual representa un incremento significativo (441,61%) respecto al ejercicio anterior y también permite deducir el alcance real de este programa.
ARTICULO 12: SALUD
Salud Sexual y Reproductiva, SSR
102. En Venezuela existen problemas que impiden a las mujeres el pleno goce del derecho a la salud, lo cual se pone en evidencia en la existencia de importantes aspectos críticos que se presentan a continuación.
La brecha entre las normas y la realidad
103. El primero de ellos se refiere a la existencia de una importante brecha entre lo que establecen los instrumentos jurídicos existentes en la legislación nacional y lo que se plantea en las políticas públicas y programas de atención a la salud de las mujeres especialmente de la Salud Sexual y Reproductiva, SSR.
104. En efecto hasta 2003 Venezuela cuenta con una normativa legal abundante que constituyen un marco jurídico favorable para la superación de la desigualdad entre los géneros, especialmente en materia de salud sexual y reproductiva. Al respecto destacan los artículos 75, 76, 78, 79, 83, 84, 95, 103 y 108 de la Constitución; la Ley de igualdad de oportunidades para la mujer; la Ley sobre la violencia contra la mujer y la familia; la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (2000), la cual establece en el artículo 50 el derecho a educación y servicios en salud sexual y reproductiva, y en los artículos 259 y 260 sanciona el abuso sexual; el Decreto 1762 del Ministerio de Educación (1996) referido a la preservación del derecho de las adolescentes embarazadas a proseguir estudios.
105. Con relación a instituciones y políticas públicas con obligaciones normativas concretas en la materia, Venezuela cuenta con el Instituto Nacional de la Mujer, el cual formuló un Plan Nacional de Prevención y Atención de Violencia hacia la Mujer 2000-2005. Además existe el Sistema de Protección del Niño y del Adolescente y los Consejos de Derechos del Niño y el Adolescente de alcances Nacional, Estadal y Municipal, creados a partir de la puesta en vigencia de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en el año 2000. Por su parte el Ministerio de Educación y Deporte como se ha dicho, adelanta acciones dentro del marco del
Proyecto financiado por el FNUAP, la construcción de una propuesta educativa en educación sexual que sería posteriormente incluida en los programas de estudio de educación básica y diversificada. Hay que señalar también que en el año 2000 se creó el Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y recientemente, en el curso del 2004 dicho Ministerio produjo una publicación en tres tomos titulada "Norma Oficial para la Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva", con una muy profusa fijación de objetivos y obligaciones de todas y todos los funcionarios del Ministerio de Salud y Desarrollo Social empleados en todos los establecimientos públicos para dar atención, orientación y formación a toda la población en materia de SSR.
106. Hay que agregar además que en 1999 se creó la primera División para la Atención de la Violencia Contra la Mujer y la Familia, adscrita, al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), con rango menor que el que tuvo originalmente. Esto sumado a todo lo señalado anteriormente nos permite señalar que el país cuenta con instrumentos jurídicos e instituciones con mandatos formales, para atender a las mujeres en salud sexual y reproductiva y para brindarles condiciones que les permitan el ejercicio de los derechos reproductivos.
107. En el marco de los esfuerzos formales hay que señalar que el movimiento de mujeres en forma unitaria logró introducir en la Asamblea Nacional un proyecto para que fuese discutido en el reciente proceso de reforma del Código Penal, el cual data de 1937. Dicha propuesta consideraba fundamentalmente la reforma de los mal llamados "Delitos Contra las Buenas Costumbres y el Buen Orden de las Familias", que constituyen los denominados Delitos Sexuales en códigos penales reformados últimamente en la región.39 Sin embargo esta propuesta fue omitida en la reciente reforma de dicho Código Penal y no aparece en la agenda legislativa de la Asamblea para los próximos dos años.
108. Sin embargo, existe una brecha entre el marco jurídico e institucional y la baja calidad, limitada variedad y la muy insuficiente cobertura de la atención en salud que se brinda en los centros asistenciales del sector oficial, como se corroborará con los datos que se ofrecen en este documento. La precaria situación de la atención en salud puede constatarse, no sólo en el carácter incompleto y asistemático de las estadísticas e indicadores sanitario asistenciales no actualizados e insuficientes provenientes del MSDS, sino por las condiciones igualmente insatisfactorias de las estadísticas aportadas por el Instituto Nacional de Estadísticas INE, lo cual exige recurrir a trabajos de investigación y a los múltiples casos referidos por los medios de comunicación que ponen en evidencia la insatisfacción de las y los usuarios.
109. La limitada calidad de la atención pública a la SSR se manifiesta en las condiciones físicas de infraestructura, equipamiento, tecnología, personal insuficiente y poco capacitado, insumos médico sanitarios, no aplicación del enfoque de género e ineficiencia administrativa; las condiciones en las que se desarrollan los programas de SSR, distan mucho de la consideración de los derechos y las necesidades de las usuarias y de las y los prestadores de servicios, que han sido determinados por la Organización Mundial de la Salud, OMS y que el gobierno venezolano ha aceptado como Estado Miembro del SNU. Algo semejante puede decirse de la baja calidad de los servicios y la concepción androcéntrica con la que ellos son ofrecidos 40
Vigilancia epidemiológica
110. Por otra parte, una de las grandes debilidades de los servicios públicos en SSR radica en la deficiencia del sistema de vigilancia epidemiológica para la recolección sistemática continua, oportuna y confiable de los datos para la formulación y medición de impacto de los programas de salud en las mujeres. El Ministerio de Salud y desarrollo Social (MSDS) acaba de publicar las Normas para la atención en salud sexual y reproductiva, sobre datos entre 1995 y 2000, lo que evidencia el retraso significativo en la actualización de la data. En esa misma publicación algunos cuadros referentes al aborto clandestino, las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), el VIH/SIDA y el VPH acusan un marcado sub-registro y no siempre se obtienen datos desagregados por sexo.
111. Otras variables de salud que revisten dificultad para la obtención de indicadores son la morbilidad, incluyendo la salud mental, registradas y desagregadas por sexo, mientras los registros referidos a la adulta mayor, discapacidad, enfermedades laborales y asociadas al trabajo doméstico son sumamente escasos, para no decir totalmente ausentes.
112. Sintéticamente podemos afirmar que los aspectos más críticos en la situación de salud de la mujer en Venezuela son: a) Baja cobertura y deficiente calidad de los servicios de Planificación Familiar; b) Incremento de la mortalidad materna; c) La desatención a las necesidades de salud de las adolescentes; d) el aumento de ITS, VPH y VIH/SIDA y e) Violencia y abuso sexual Planificación familiar y anticoncepción
113. En otro plano debemos referirnos a la baja cobertura y deficiente atención en los servicios de Planificación Familiar. El 25% de la población total del país corresponde a mujeres de edad fértil, representado en 6.235.132 de mujeres entre 15 a 49 años de edad (INE 2001). De éstas, sólo el 32% utiliza métodos anticonceptivos. Según la OPS, la Cobertura de Planificación Familiar(PF) para el año 2000 asciende a 43% de las MEFRE (Mujeres en edad fértil en riesgo reproductivo). La situación en la atención de la salud sexual y reproductiva en el área de Planificación Familiar es preocupante, ya que la cobertura y calidad de la atención registran deficiencias importantes. El MSDS registra una cobertura de un 10.60% de MEFRE en PF para el 2004, pero es presumible que esta cobertura sea menor, en atención a que de los 7.500 millones de bolívares requeridos, sólo se asignaron Bs. 500 millones, es decir menos del 10% del presupuesto calculado para Planificación Familiar. La baja cobertura en PF representa un grave problema de salud para la mujer, especialmente de las mujeres en situación de pobreza, lo cual incrementa el riesgo de abortos en situaciones inadecuadas y por tanto, la tasa de mortalidad materna.
114. Un informe presentado por el Sistema de Información Local de Anticoncepción, SILOGIA, del MSDS mostró que un 30% de las usuarias abandonó la consulta de PF, debido a la deficiencia en la satisfacción de la atención recibida, bien por maltrato por parte del personal de los centros de atención ambulatorios o por el cambio frecuente del método, en razón de la no provisión del que fue indicado inicialmente.
115. La violencia institucional dirigida a la mujer en los centros de salud se agudiza por el desconocimiento de los DDHH y de los Derechos Sexuales y Reproductivos por parte del personal de salud y de las propias usuarias que no reciben de ninguna institución pública esta información. Por ello, la sensibilización, información y concientización en estos temas, con perspectiva de género, constituye una necesidad a ser satisfecha con carácter de urgencia.
116. Desde el año 2000 el gobierno ha venido realizando en el país una serie de operaciones masivas de esterilización quirúrgica a mujeres de menores recursos económicos, por lo que resulta difícil obtener un registro de las cifras e información fidedigna acerca de si esta esterilización se practica con garantías del respeto de los criterios clínicos, sociales y económicos, así como del consentimiento informado de la usuaria. Las cifras de estas acciones se emplean para sustentar en los informes oficiales la cobertura de Planificación Familiar PF, sin que se advierta que la esterilización en mujeres jóvenes y en alto número, no es un método idóneo de PF.
Frente a esta práctica se observa ausencia total de programas de información y/o promoción de la vasectomía y menos aún servicios para su aplicación, mientras que sólo se promociona la esterilización femenina.
117. La anticoncepción de emergencia (AE) es un método al que las usuarias tienen acceso sin orientación y control médico, ya que hay venta libre del producto que la provoca, lo cual es contrario a lo que se pretende con ella: ser un método para emergencia. Lo anterior ha provocado que se haga uso del mismo en forma indiscriminada.
118. La atención prenatal también tiene una baja cobertura, estimada en 25.5% (MSDS/OPS, 2000 según cifra 1998), lo que implica mayores riesgos de morbilidad y mortalidad materna e infantil. En el tomo I de la Norma Oficial para la atención integral de la salud sexual y reproductiva del MSDS (2003) se lee:
"La relación entre causas y muertes acusa la baja cobertura de atención prenatal vinculada a la falta de accesibilidad y calidez de los servicios. Así mismo, la baja calidad de atención y falta de capacidad resolutiva de las emergencias obstétricas", lo que describe la situación de la atención en salud que se brinda a la mujer.
Mortalidad materna
119. La tasa de mortalidad materna es un indicador clave de la baja calidad de la atención en salud brindada a las mujeres en Venezuela, ya que acusa un ascenso de 51,00 por cada 100.000 NVR en 1998 a 68,3 por 100.000 NVR en 2002. (DEAE -MSDS, 2002). Como causas más frecuentes de muerte materna se mencionan las complicaciones relacionadas con el parto y puerperio (50%), hipertensión arterial inducida por el embarazo (HIE) (35%), y los embarazos terminados en aborto (14%). La mayoría prevenibles con un adecuado control prenatal.
120. De acuerdo con datos reseñados por instituciones como CELSAM, PROSALUD Y Organización Panamericana de la Salud, OPS:
• En Venezuela la interrupción voluntaria del embarazo es ilegal, excepto cuando la vida de la mujer corre peligro.
• Venezuela ocupa el cuarto lugar en la tasa de embarazos no deseados en Latinoamérica con un 55% de embarazos no planificados/no deseados.
• Se realizan al año un promedio de 60.000 abortos, cifra caracterizada por un marcado sub-registro como consecuencia de la condición de ilegalidad que se le imputa.
• El costo de la realización clandestina de un aborto en Venezuela, en un establecimiento privado oscila entre Bs. 4.000.000 (US$ 2000) y si es un aborto complicado puede costar Bs. 14 millones (US $ 7000). Practicado por personas no calificadas tiene un costo aproximado de Bs. 500.000 (US$ 250).
• Del total de mujeres que deciden interrumpir un embarazo, 500 mueren anualmente por complicaciones, generalmente por sepsis o hemorragia.
• Según la OPS la quinta parte de las muertes maternas en Venezuela es producida por abortos clandestinos.
• Un 10% de las mujeres quedan con problemas para procrear después de provocarse un aborto clandestino, sin atención médica.
• Anualmente se atienden en hospitales del MSDS alrededor de 8.000 mujeres por complicaciones derivadas de un aborto.
• El costo de una fertilización in-vitro incluyendo los tratamientos hormonales necesarios oscila entre 12 y 36 millones de bolívares , (US$ 6000 a 18.000).
• Según datos de la OPS, el cáncer cérvico uterino es la 2º causa de mortalidad en la mujer en el año 1999, con una tasa de 13.1 por 100.000 ocupando el cáncer de mama el 3er lugar (21 por 100.000). El primer lugar lo ocupan los trastornos cardiovasculares.
Embarazo adolescente
121. Respecto al embarazo adolescente, es necesario señalar que la población de adolescentes y jóvenes mujeres (15 a 24 años) alcanza los 3 millones y la edad modal de iniciación sexual se ubica en 15 años para ambos sexos41. Sin embargo, el Ministerio de Educación y Deporte, donde se ha iniciado de manera preliminar una acción de concientización sobre el embarazo adolescente, no termina de incorporar los temas de educación de la sexualidad y prevención del embarazo adolescente en los programas formales, a pesar de contar con el apoyo técnico y financiero de organizaciones multilaterales y los pocos servicios de atención en salud para este grupo de edad, resultan insuficientes. Los nacimientos vivos registrados de madres adolescentes (no los embarazos, cifra superior ya que no todos llegan a término y muchos nacimientos son registrados como hijos de la abuela) representan el 21% del total del país. En la Maternidad Concepción Palacios, la más grande del país, durante el año 2000 se registraron 15.000 nacimientos en mujeres menores de 25 años, cifra que para 1993 se ubicaba en 100.000 NVR 2000. El mismo centro de atención registró entre 1990 y 1994 la atención a 30.622 pacientes menores de 19 años pertenecientes al Distrito Federal (hoy Distrito Capital), de las cuales el 17 % acudió por aborto (PNUD/AVESA, 1999).
122. Las adolescentes aportan significativamente a la mortalidad materna. En el año 2000, de las 327 mujeres que murieron en Venezuela por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, el 14 % tenía edades comprendidas entre 10 y 19 años .
123. El MSDS reconoce al embarazo en adolescentes como el segundo gran problema nacional de salud sexual y reproductiva y ha diseñado una nueva estructura organizativa en la que la atención a los y las adolescentes tiene especial relevancia, sin embargo se padece de un gran vacío hasta tanto se ponga en marcha este proyecto, ya que las instancias oficiales que realizaban actividades de prevención y atención, han desaparecido, al ser incorporadas a un nuevo modelo de salud que está por ser instrumentado.
124. El MSDS maneja datos de 1998 para muchos de los indicadores de salud, por lo que resulta una incógnita la situación real de salud en aquellos aspectos sobre los que el incremento de la pobreza y las deficiencias en las condiciones de los servicios de salud del sistema oficial, ejercen un importante impacto.
125. En el año 1996, el Ministerio de Educación emitió la disposición N° 1762, en la que se prohíbe la expulsión de la adolescente embarazada de los centros educativos. Sin embargo, por presiones de las autoridades, de las comunidades educativas o por la autoexclusión, las adolescentes siguen abandonando los planteles educativos. La ley no contempla la aplicación de sanciones para establecimientos que la infringen, lo que ha posibilitado la persistencia de esta práctica discriminatoria.
Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)
126. Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) han registrado un aumento notable entre 1999 (19.386 casos) y 2000, cuando se registraron 36.969 casos. No se tiene otra cifra más actualizada, pero se presume un incremento mayor en los últimos años. Esta presunción se fundamenta en el incremento de la explotación sexual y en las denuncias de algunas ONG42 referidas a la deficiente calidad de la atención en los centros de salud, donde además de vejarlas, son objeto de extorsión al solicitarles dinero para la entrega del certificado de salud requerido para su trabajo, muchas veces sin haberse sometido a los exámenes médicos pertinentes.
127. Respecto al VIH/SIDA, Venezuela evidencia una de las más altas tasas de prevalencia de adultos en América Latina. Ocupa la sexta posición entre todos los países del continente y la primera entre los países de la región andina. El Programa Nacional de SIDA del Ministerio de Salud y Desarrollo Social ha registrado un total de 10.571 casos de SIDA hasta el año 2001. Sin embargo, ONUSIDA estima 17.000 casos, 62.000 portadores del virus para el mismo lapso y 5.849 defunciones a causa de SIDA (MSDS/PNUD/ONUSIDA, 2003:21). Los adultos entre 25 y 39 años representan el 60% de los casos, con un aumento de los casos femeninos desde 1992 (MSDS/UNFPA/OPS, 2003).
128. En el país no existen programas de prevención y atención dirigidos específicamente a la mujer y a los/las adolescentes, quienes ameritan un abordaje especial, no sólo en el ámbito médico sino en los aspectos sociales y emocionales. Los programas de prevención y atención, tanto en el sector oficial como de la sociedad civil están dirigidos fundamentalmente a los hombres (heterosexuales, homosexuales y bisexuales).
129. Las campañas masivas dirigidas a la población en general y en particular a la mujer, para la prevención y el uso del condón son escasas, por no decir inexistentes. La promoción del uso del condón femenino es muy baja y sólo la adelantan algunas ONG, como los Círculos Femeninos Populares, con poca cobertura y escasos recursos económicos para generar un impacto significativo.
VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL COMO PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA
130. Los servicios de salud del país no cuentan todavía, con personal capacitado en temas relacionados con el género y la violencia basada en género. Tampoco disponen de protocolos de registro de casos de violencia y abuso sexual, por lo que no hay datos oficiales que permitan cuantificar la magnitud del problema. Sin embargo, las cifras de algunos estudios registran que un 72% de las denuncias corresponde a niñas, niños y adolescentes y el 66% de los agresores fueron jóvenes de entre 15 a 24 años" (MSDS/UNFPA/OPS, 2003).
131. Los Centros Comunitarios de Aprendizaje, CECODAP, vinculados al Ministerio de Educación y Deportes han realizado un estudio según el cual entre el 10% y 20% de la población infantil ha sido abusada sexualmente, aunque sólo se conoce uno de cada diez casos (PNUD/AVESA, 1999). Según cifras oficiales del Instituto Nacional del Menor (INAM), en el año 1997 esta institución atendió 71 casos de abuso sexual en todo el país, mientras que en la Asociación Venezolana por una Educación Sexual Alternativa, AVESA -que abarca sólo el área metropolitana- se atiende un promedio de 100 casos anualmente. En 1998 se atendieron allí 104 casos, de los cuales el 40% no fue denunciado. Estos datos son evidencia del importante nivel de sub-registro existente (PNUD/AVESA,1999).
Aplicación por el Estado venezolano de los contenidos de la Recomendación General Nº 19: Violencia contra las Mujeres.
19 a) Adoptar medidas apropiadas y eficaces para combatir los actos públicos o privados de violencia contra las mujeres.
132. Estamos viviendo un clima de violencia como forma de relación y como forma de resolver los conflictos. Hay una violencia generalizada, un discurso que implica acción, una acción de violencia. Tenemos una Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia pero la misma se queda en el papel y no se traduce en aplicación. A esto se suma el hecho de que, según investigaciones adelantadas por especialistas del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, CENDES, el incremento de la violencia generalizada en el país crece en una tasa mayor en el caso de violencia contra las mujeres que la que ocurre contra hombres lo cual representa un hecho extraordinario ya que las estadísticas mantenían hasta hace tres años un índice notoriamente más bajo en el caso de la violencia contra mujeres. La tasa de mortalidad femenina por homicidios entre 1999 y 2002 para 100.000 habitantes pasó de 2 (constantes entre 1996 y 1998) a 5 muertes, lo cual implica un crecimiento de 2,6 veces en cuatro años. La masculina, que había disminuido de 27 a 22 entre 1996 y 1998, aumento de 31 a 54 muertes entre 1999 y 2002, lo cual significa un crecimiento de 2,4 veces en el mismo período. Los datos estadísticos oficiales no permiten saber de qué tipo de violencia mueren estas mujeres. Igual sucede con los accidentes de tránsito, la tasa de varones aumenta 1,2 veces y la de hembras 1,4 entre 1996 y 200243.
133. En el caso de actos públicos es notoria la forma como se castiga y se sanciona a las mujeres que se incorporan a la participación política y por tanto podemos decir que las leyes no protegen a las venezolanas. Ya en lo referente al Artículo 7 de la Convención se ha dado cuenta de casos extremos, aunque no son los únicos.
134. Un hecho que consideramos punto central de este Informe Sombra es el muy grave "recurso de nulidad" solicitado por el Fiscal General de la República ante el Tribunal Supremo de Justicia para unos artículos de la citada Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, que de ser aprobado coartaría la aplicación de medidas cautelares contra el agresor y con ello el derecho de las mujeres a la protección y a la vida. Resulta altamente contradictorio que sea la propia Fiscalía, el organismo que está obligado a brindar protección a las víctimas, quien impida la garantía del derecho de las mujeres a la no violencia.
135. En general se considera que no existen medidas apropiadas y eficaces para combatir los actos públicos y privados de violencia contra las mujeres, incluso en aquellos donde exista flagrancia como lo pide el Código Orgánico Procesal Penal (COPP)
19 b) Velar porque las leyes contra la violencia protejan de manera adecuada a todas las mujeres.
136. Existe un Poder Ciudadano constituido por la Fiscalía General de la República, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo y Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer, ésta última directamente dependiente del INAMUJER, sin autonomía y con capacidades mínimas de gestión (apenas cuenta con dos abogadas y la Defensora). Estas instituciones son las encargados de velar por el cumplimiento de las leyes en contra de la violencia, sin embargo, no cumplen a cabalidad sus funciones y su indiferencia ante las frecuentes noticias que los medios publican sobre la violencia contra las mujeres es notoria, ya que dichas denuncias no reciben de estas instancias las reacciones que corresponderían.
137. Dentro de esos organismos se encuentran casos puntuales de personas y/o sectores de la organización que muestran interés en el tema de la violencia pero institucionalmente no se implementa una adecuada protección a la mujer. Es llamativo que ante casos graves de violencia contra la mujer a todo lo largo y ancho del país, el Instituto Nacional de la Mujer, organismo encargado de hacer cumplir el Plan Nacional de Prevención y Atención de la Violencia contra la Mujer (2000-2005) señale en su Informe 2003 que no ha recibido ninguna denuncia de violación de derechos humanos contra las mujeres.
138. Las continuas solicitudes de cambios en las leyes o de actualización de las mismas, que en forma sistemática se elevan al Estado desde ONGs de derechos humanos, desde las organizaciones de mujeres e incluso desde algunas de las propias instancias del Estado, como es el caso del recurso de nulidad de artículos de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, la inclusión del enfoque de género en el Código Penal, así como lo que tiene que ver con las definiciones y sanciones a los delitos sexuales, no son atendidas. Esta información puede ser consultada en el Informe INAMUJER 2003.
19 b) Capacitar a los funcionarios judiciales, los agentes del orden público y otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención.
139. No se capacita a las o los funcionarios para la aplicación de las Convenciones CEDAW y Belem do Pará o de la propia Ley venezolana, en forma continua, sistemática y haciendo seguimiento a nuevas necesidades. El organismo responsable de esta capacitación es el INAMUJER. Aun cuando está establecido en el Plan Nacional la ejecución de talleres de capacitación a las y los funcionarios y a las y los empleados de organismos encargados de la atención a mujeres, estos son discontinuos y puntuales y carecen de la calidad que permitiría lograr una buena capacitación aparte de que se desconoce si son o no evaluados. El tema tampoco forma parte de los programas de estudios de las y los Jueces, Fiscales y operadores del sistema judicial.
140. Se proporcionan cursos aislados brindados fundamentalmente por ONG y Universidades, algunos inclusive financiados por organismos multilaterales (BID, UNICEF y UNFPA) conjuntamente con entes estatales; pero esto no forma parte de la capacitación formal de las y los funcionarios y no se les hace el debido seguimiento.
19c) Promover la recopilación de estadísticas y la investigación de la amplitud, las causas y los efectos de la violencia y de la eficacia de las medidas para prevenir y responder a ella.
141. No hay información fidedigna ni estadísticas sobre la realidad de la violencia contra las mujeres, porque no existen registros completos válidos y confiables. Se han eliminado las estadísticas sobre violencia contra mujeres de las páginas web del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y del CICPC, que anteriormente las presentaban. Las estadísticas que presenta el Tribunal Supremo de Justicia, no están discriminadas por sexo y las que ofrece INAMUJER no tienen fuentes identificables.
142. Actualmente se observa una reiterada inclinación de los voceros y organismos responsables del Estado a ocultar o no proporcionar las cifras de delitos, tanto a lo interno del país como hacia instituciones internacionales. Las nuevas clasificaciones que ofrecen estos organismos, desdibujan el fenómeno de la violencia contra la mujer. Pese a ello se dispone de algunas informaciones confiables que resultan de trabajos serios de algunas organizaciones autónomas, pero no son completas. En un trabajo publicado por la Asociación Venezolana por una Educación Sexual Alternativa, AVESA, conjuntamente con el PNUD se señala que en el Área Metropolitana, cada 12 días una mujer es asesinada por su pareja o ex pareja. Muchas veces son los medios de comunicación los que informan femicidios en los denominados "crímenes pasionales" como un aspecto crítico de la violencia doméstica. Muchos de estos casos son reseñados por que alcanzan caracteres escandalosos y sobre ellos, instituciones con responsabilidad directa mantiene una actitud de ocultamiento, evasión o simple omisión. Tal fue el caso de la joven venezolana Linda Loaiza López, salvajemente golpeada y violentada por su novio hasta desfigurarla y que fue rescatada de la prisión donde era torturada por su pareja, gracias a la intervención de vecinos que acudieron a la policía a denunciar los gritos de la desdichada.
143. El caso de Linda Loaiza López ha sido tomado por las mujeres organizadas como emblema de lo que ocurre con la violencia doméstica contra las mujeres, ya que retrata fielmente la violencia misma, la falta de preparación de las y los funcionarios a cargo de su atención, los sesgos androcéntricos de la Justicia venezolana, la impunidad y el desinterés y abandono de las instancias comprometidas y, en opinión de muchas y muchos analistas, la corrupción del Poder
Judicial.44 Este caso que traspasó las fronteras nacionales es comparable con los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, México, ya que son indicadores claros de la gravedad de la violencia y de la indefensión institucional de las mujeres.
144. La descripción del caso, la realiza fielmente una de las expertas de más larga trayectoria en el país en el tema de la Violencia contra las Mujeres:
"Linda Loaiza estuvo tres meses en ese apartamento secuestrada, golpeada con objetos contundentes, fue víctima de violaciones sistemáticas, quemaduras de cigarrillos, mordeduras, golpes por puños, cortes de varias partes de su cuerpo y suministro de sustancias estupefacientes. … Algunas de las secuelas que aun sufre son: fractura severa del maxilar, labios destrozados y desfigurados, pabellones de las orejas destruidos, un ojo completamente desviado, varias costillas rotas, pezones cercenados, cicatrices por quemaduras, dificultades en el habla por pedazo de lengua cortado y desgarre vaginal. Le practicaron nueve operaciones y todavía recibe atención médica para algunas de estas lesiones."
145. Durante tres años, el caso pasó por las manos de 59 jueces que no dictaron sentencia, pese al clima de indignación pública nacional e internacional por el carácter extremo de la violación de derechos humanos elementales que el caso representaba. La víctima decidió ponerse en huelga de hambre frente al Tribunal Supremo de Justicia para pedir justicia. La presión de todos los sectores, incluyendo los gubernamentales creció y finalmente una jueza suplente dictó la sentencia absolutoria del agresor basada en "errores procesales de los fiscales a cargo de colectar las evidencias de maltrato". Linda Loaiza López, deformada de por vida, sin posibilidad de concebir hijos, es la viva expresión del clamor de las mujeres venezolanas para se aplique la Ley sobre la violencia contra la mujer y la familia y el Estado se decida a actuar y no simplemente a hacer ejercicios de planificación a los que no se les asignan recursos, ni personal, ni apoyo político. Información gráfica y abundante sobre los alcances de este caso pueden ser obtenidos en las siguientes direcciones electrónicas: tsj.gob.ve; tambien en (http:/www.derechos. org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_146.htm#19) o mejor aun, colocando a entrada: linda+loaiza+derechos+humanos en los buscadores yahoo o google. Amplia información sobre este caso ha sido desplegada por todos los medios de comunicación nacionales y algunos internacionales en los meses finales del 2004 y enero de 2005.
19k) Establecer y apoyar servicios destinados a las víctimas de violencia en el hogar, violaciones, violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres.
146. De las cuatro Casas de Abrigo que el INAMUJER tendría que haber puesto en funcionamiento según lo prometió en el ya citado Plan, creó una hace dos años y recientemente acaba de crear otra. En la primera atiende a 25 mujeres con sus hijos. El Estado brinda una atención mínima en materia de violencia centrada fundamentalmente en recepción de denuncias (Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer) y suministro de información y contención en casos de emergencia a través de la línea telefónica "0-800-MUJERES", que remite los casos a otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales para su atención directa, sin hacer ningún tipo de seguimiento de su efectiva atención. Son las ONG de todo el país las que llevan a cabo el trabajo de prevención y atención en esta materia en las áreas psicológica, legal, médica etc., tanto en materia de violencia doméstica y violencia sexual como de abuso sexual infantil y adolescente; se trata de servicios gratuitos o de bajo costo y de atención a emergencias que las ONG desarrollan con muchas dificultades ya que carecen de recursos para acompañamiento y seguimiento. Resulta entonces una atención incompleta y no sistemática por la indigencia con la cual trabaja la mayoría de estas organizaciones a las que el gobierno no apoya financieramente.
147. Los servicios de atención citados en la Ley (Refugios, Unidades de Atención Integral y Programas de rehabilitación para el hombre agresor) son casi inexistentes y los muy escasos que se han creado resultan insuficientes; tampoco se ha hecho seguimiento a las obligaciones de Ministerios, Institutos, Gobernaciones y Municipios detalladas en la Ley respectiva y que se diseñaron para acciones educativas y preventivas. En su lugar se crearon los llamados Puntos de Encuentro que fueron definidos en sus comienzos como enlaces políticos para crear Círculos Bolivarianos de Mujeres y, al pasar un tiempo, se redefinen como mecanismos de mutuo apoyo para que sus integrantes obtengan servicios y luchen contra la violencia. Representan un hecho preocupante porque están al margen de la Ley y apuntan claramente al clientelismo político, aparte de que no tienen una vida estable y son solamente puntos de convocatoria, la mayoría de las veces para activismo político a favor del gobierno o del partido que lo apoya.
148. Es muy poco lo que se ha hecho en pro de los cambios culturales necesarios para erradicar el fenómeno de la violencia contra la mujer, por los estereotipos alrededor del problema, en lo educativo, etc. Hace muy poco se aprobó la Norma Oficial para la Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva (que incluye la temática de la Violencia basada en Género) que promete atención y prevención pero dicha iniciativa por el momento no ha pasado de ser expuesta en charlas y conferencias.
149. Los Centros de Salud no poseen Protocolos de Atención y Detección para recolectar información, ni se da al personal entrenamiento generalizado; mucho menos seguimiento a las acciones y a los casos que se ven.
19 m) Impedir la coacción con respecto a la fecundidad y la reproducción; y para que las mujeres no se vean obligadas a buscar procedimientos médicos riesgosos, como abortos ilegales.
150. En el Código Penal se establece la penalización del aborto en casos de embarazo producto de violación sexual. También la práctica médica ha impuesto de facto una norma que consiste en solicitar la autorización firmada de la pareja en casos de esterilización de la mujer.
19 o) Garantizar que las mujeres de zonas rurales accedan a los servicios para víctimas de violencia.
151. El 87% de la población venezolana habita en zonas urbanas y es la más desasistida; vive en los cordones de marginalidad de las ciudades. En las zonas rurales se ubica el 13% de la población del país y no hay servicios de atención. Las mujeres, por los elevados índices de pobreza, no cuentan con recursos económicos para trasladarse a los pocos servicios existentes tanto en las zonas rurales como en las de las zonas urbanas.
19 r) Tomar medidas que incluyan: sanciones penales, servicios para aquellas mujeres y descendientes cuya vida está en peligro a causa de la violencia, servicios de rehabilitación, etc.
19t) Tomar medidas jurídicas eficaces, medidas preventivas y medidas de protección para proteger a las mujeres de la violencia.
152. Reiteramos la ausencia de servicios en calidad y cantidad suficientes. No se aplican sanciones penales en la mayoría de los casos que se denuncian. Pocos de ellos llegan a los Tribunales; de aproximadamente 9.000 casos que reporta anualmente el Cuerpo de investigaciones Científicas, Penales y Criminológicas CICPC, sobre violencia doméstica y sexual, el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, solamente registra alrededor de 1.500 procesos abiertos. En vez de notarse un avance en el desarrollo de las medidas de protección entre los organismos a quienes les competen estas acciones: Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer, Fiscalía General (Unidad de Atención a la Víctima) y Tribunales más bien se ha producido una involución, cuya máxima expresión es el recurso de nulidad que contra las medidas cautelares introdujo el Fiscal General de la República ante el Tribunal Supremo de Justicia.
19 u) Informar sobre todas las formas de violencia contra la mujer, incluyendo datos sobre la frecuencia y sus efectos.
153. En esta materia también se ha dado un proceso de involución que es de conocimiento público y notorio respecto a las relaciones de las ONG y el Estado; por ejemplo, algunas de estas ONG han sido rechazadas y excluidas de toda colaboración o participación por el hecho de recibir financiamiento de organismos internacionales, por no compartir la ideología gobernante, por no participar en los actos proselitistas del partido o de instituciones del gobierno, por haber expresado
opiniones o criterios sobre la ilegalidad de algunos procederes o la ineficacia de las ejecutorias, por la ausencia de procedimientos democráticos en sus acciones o por la creación de algunos entes políticos al margen de la ley, a los cuales se les da apariencia de organizaciones de sociedad civil en pro de la mujer. El INAMUJER exige que las organizaciones de mujeres se inscriban en sus oficinas para poder considerarlas en sus convocatorias; en los últimos tres años se han inscrito asociaciones civiles creadas a partir del nuevo gobierno, la mayoría desconocidas por el movimiento autónomo no gubernamental de mujeres del país, que son miembras de su Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Mujeres-Venezuela (CONG de Mujeres) actualmente de bajo perfil.
154. Como hemos dicho, existen algunas páginas web que presentan muy pocos o ningún dato válido y confiable sobre la violencia contra las mujeres; algunas presentan informaciones sobre como adherirse a los movimientos que propugna el Gobierno en vez de informar a la mujer sobre sus derechos y cómo la protege la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, aunque incluyen en esas páginas los textos de la Ley de Igualdad de Oportunidades y algunas sanciones penales; la mayoría las direcciones donde podrían acudir las mujeres en tales situaciones, no están actualizadas. El INAMUJER por su parte entrega anualmente informes de gestión que carecen de la calidad técnica requerida, obviando precisamente las preguntas que se plantean en este Informe Sombra y sin rendir cuentas sobre las metas del Plan Nacional. Un ejemplo significativo se encuentra en el Directorio del INAMUJER para la ayuda en Violencia Doméstica y Violencia Sexual que solo incluye instancias gubernamentales y sólo algunas ONG en la ciudad capital, lo cual dista mucho de reflejar el peso de estas últimas en la atención hacia este problema.
2 comentarios:
Hola!!! Acabo de leer tu artículo y quisiera saber si es posible que me envies el decreto de Ley de Creación del INAMUJER.
Buenos días,
Me pongo en contacto con ustedes como representante de la revista académica Iberoamérica Socia: revista red de estudios sociales (www.iberoamericasocial.com). Lo hago para comunicaros de que en nuestro último número hemos publicado un artículo sobre las temáticas de genero. A lo mejor estaríais interesados en publicarlo en vuestra web.
Para nosotros sería un honor y un placer, pues la información esta para compartirse y difundirla. Lo único que pediríamos sería nombrar el autor y la fuente. El artículo en cuestión es este: http://iberoamericasocial.com/avances-en-los-derechos-de-la-mujer-y-avances-en-el-contexto-latinoamericano/
Solo tendríais que copiar y pegar tal cual (por favor es un artículo académico y no debería ser modificado), poniendo el enlace, autor y fuente. Hacemos esto buscando compartir información, dar salida al trabajo de los autores y sobre todo dar visibilidad al sujeto de estudio (en este caso los avances en los derechos de la mujer en el contexto latinoamericano) y su problemática, tal vez así podamos aportar nuestro granito de arena para mejorar su realidad.
Un fraternal abrazo del Consejo Editorial de Iberoamérica Social
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